"Comprendo que para Agus (Agustina Brines, Compromís) el mantenimiento de estos puestos sea imprescindible" pero son "mochilas partidarias"
VALNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El exgerente de Divalterra Víctor Sahuquillo expuso en un extenso informe que envió por correo al expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, investigado junto a otras cinco personas en el 'caso Alqueria', su análisis acerca de la empresa pública Divalterra y le advirtió de que los contratos de alta dirección debían hacerse a través de un concurso.
"Respecto a este tema, parece que no se quiere hablar, pero es un problema y máxime cuando está a punto de abrirse la causa de las contrataciones de enchufismo y zombis en Imalsa", avisa.
Así consta en uno de los correos --fechado el 29 de mayo de 2016-- incluidos en el sumario del conocido como 'caso Alqueria', al que ha tenido acceso Europa Press, en el que Sahuquillo aborda un análisis de las distintas áreas de la antigua Imelsa y su transformación en Divalterra, cuya gestión en la época del PP también se está investigando en otro juzgado.
De este modo, en un documento titulado 'Informe Divalterra', Sahuquillo dice a Rodríguez que el "asunto" del personal y la dirección es "uno de los aspectos que más preocupa a Agustina (Brines, entonces directora-gerente de Divalterra)" y que existe "una diferencia" entre ella y José Luis Vera, jefe de los Servicios Jurídicos de la firma pública, quien pensaba que "la existencia de ocho contratos de alta dirección no se sostiene", mientras que Brines defendía su mantenimiento basándose en que eran contratos de "personal de confianza de la gerencia".
"En el fondo lo que quiere (Brines) es que cuando el tema salte a los medios de comunicación la dirección política de la Diputación respalde este tema que de por sí tiene muy mala venta mediática", continuaba. "Comprendo que para Agus el mantenimiento de estos puestos sea imprescindible pero solo se entiende en tanto que mochilas partidarias que debe de asumir", afirmaba al respecto.
"La realidad es que ninguno de los altos directivos están produciendo unas líneas estratégicas o de negocio de alto valor. Lo cierto es que para poder realizar alguna acción estratégica o servicio es imprescindible la contratación de personal técnico que les haga de segundo", reconocía.
PERSONACIÓN EN IMELSA Y IRREGULARIDADES EN SUBVENCIONES
Sahuquillo --se da la circunstancia de que él mismo acabó dimitiendo tras conocerse un informe de un auditor interno que cuestionaba fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas, gin tonics, como dietas-- también explicaba en su escrito que el asesor jurídico le había informado de que podría haber "problemas" en su "pretensión" de personarse como acusación particular, Divalterra, en el conocido como 'caso Imelsa', referente a la gestión del gobierno provincial anterior del PP.
Sin embargo, el exgerente indica que esto implicaría que el presidente del Consejo de Administración de la empresa pública debería "comparecer ante los tribunales". "Ante esta situación, plantea la urgencia y/o necesidad del nombramiento de un consejero delegado para salvaguardar al presidente. Ante mis dudas por oportunidad política de esta solución, pues algo que de momento no ha trascendido más allá de los ámbitos judiciales, nos obligaría a dar una explicación mediática difícil de articular del por qué ahora se considera necesaria la figura del consejero delegado", desarrolla.
También comenta Sahuquillo que la Fiscalía había solicitado información sobre las subvenciones recibidas por Imelsa para el desarrollo y fomento del empleo e indica que el auditor interno y Vera estaban preparando un informe que "pone en duda que las subvenciones recibidas desde el Servef se hayan venido gestionando correctamente". Para ello, asegura que existe un departamento cuya responsable, Mercedes Álvarez, es "una de las personas cercanas a (Josep Ramón) Tiller --exgerente de Divalterra y exdiputado socialista-- y (José Manuel) Orengo --exalcalde de Gandia (Valencia) y exasesor de Presidencia de la Generalitat-- y una de las activistas de UGT en la empresa".
"Lo cierto es que este departamento no funciona. La empresa no tiene una actividad productiva en la búsqueda de ayudas y subvenciones de proyectos con fondos europeos para poder promover acciones de desarrollo en zonas necesitadas y para colectivos en riesgo", concluye.
En el sumario se recoge otro documento titulado 'confidencial' --remitido a Rodríguez en un correo el 1 de mayo de 2016-- en el que, bajo el epígrafe 'Primeras Impresiones'-'Reflexiones sobre Imelsa', el exgerente sostiene que "nadie sabe realmente qué es Imelsa" y añade: "ha sido un ente tan opaco que ni gobierno ni oposición han sabido nunca definirle una cultura empresarial ni una estrategia empresarial precisa, lo que ha llevado a convertirla en el 'espacio perfecto para ejecutar los caprichos de quienes han ocupado la presidencia de la Diputación'".
Y sigue: "Los propios trabajadores desconocen realmente qué hace el compañero de al lado. Nadie sabría definir a qué se dedica la empresa para la que trabajan. Y creo que estos meses ya de mandato de la nueva dirección, aunque algo ha conseguido, continúa sin definir claramente su misión". "Cada nuevo directivo está más preocupado de 'su espacio' y de 'su libro' que de crear algo que no sea la suma de espacios concebidos como lugares para justificar su presencia o trincheras de la correspondiente fuerza política que tutela la competencia", dice en este punto.
Señala también que "hay demasiado 'político' o 'empleados fijos politizados' y poco profesional" y define la empresa pública "un departamento más de una entidad que todavía se encuentra 'secuestrada' por jefes y jefecitos de la administración madre".
"ADAPTACIÓN A LA NUEVA COYUNTURA POLÍTICA"
Sahuquillo plantea en su escrito que no puede "evitar preguntarse" si "en estos momentos en que la máxima actividad estaba dedicada a responder colaborativamente con la justicia para que los anteriores gestores respondan ante la justicia, existía en los nuevos gestores un verdadero propósito de crear un nuevo proyecto empresarial público o tan solo la adaptación de la empresa a la nueva coyuntura política de la Diputación". "Interesa saber si ahora 'los nuestros' van a poder entrar o posicionarse mejor", agrega más adelante.
En un punto posterior, referido al equipo directivo y aspectos de personal, el exgerente explica que "conforme a la legislación y al propio procedimiento de selección de personal que se aprobó en los primeros meses de la nueva dirección", los puestos de alta dirección que se investigan en este caso "deberían ser cubiertos por concurso de libre concurrencia", opinaba.
Sin embargo, considera que en los "proyectos y propuestas" de estos cargos "se adolece de rigor y actúan más como subdirectores que como responsables máximos de áreas estratégicas de producto o servicios".
