ALICANTE, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Un exsubdirector de una oficina bancaria de la CAM en Novelda (Alicante) acusado de estafar y quedarse con más de 200.000 euros de ingresos en efectivo de cinco clientes y de realizar varias operaciones fraudulentas en la entidad, ha reconocido la autoría de los delitos de falsedad en documento mercantil y apropiación indebida y ha aceptado una pena de cuatro años de prisión, dos por cada uno de los dos delitos.
El hombre ha aceptado el acuerdo al que se ha llegado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante la defensa del acusado, los afectados --incluido el Banco Sabadell (antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo)--, y el ministerio fiscal.
El que fuera subdirector de la oficina bancaria de la entonces CAM, ubicada en la plaza Pío XII, ha admitido devolver a los afectados parte de los 228.000 euros --cantidad que corresponde a la responsabilidad civil a la que será condenado--, con el Plan del Pensiones que tiene en el Banco Sabadell, entidad a la que ha autorizado a realizar los trámites para asumir la responsabilidad civil a la que pueda ser condenado.
El acusado, según el ministerio fiscal, se apropió de diferentes cantidades de los clientes entre los años 2006 y 2008 y también falsificó los justificantes del pago de impuestos de la empresa de la que era administrador 'Marmi Tiziano S.L.', quedándose con el importe.
Además, procedió a la apertura de dos cuentas de crédito a nombre de otra mercantil ficticia, Máximo Antomp Paoli, con un límite de 48.000 euros, llegando a un saldo deudor de 97.460,31 euros.
Según ha reconocido, recibió de un primer cliente 11 ingresos en efectivo por un importe conjunto de 98.000 euros, de los que le hacía resguardo, pero que ingresaba en su propia cuenta.
De la misma forma, según el ministerio público, lo hizo con diferentes cantidades -3.280 euros y 3.100 euros-, de otros dos clientes. Además, constituyó una cuenta de crédito vinculada a otra clienta de la que obtuvo 3.165,95 euros y se adueñó de 844,64 y 20.903,30 euros destinados a pagos a la Agencia Tributaria, para lo que falsificó justificantes de abono con el sello de la CAM, que tuvo que asumir su desfalco.
El ministerio fiscal pedía una pena de dos años y seis meses de prisión por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y otros dos años y seis meses de prisión por el delito de estafa, además de un indemnización a la CAM de 229.750 euros.
