El cumplimiento de déficit y el discurso de lucha contra la corrupción centran su primer año y medio en el cargo
VALENCIA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha comenzado y terminado 2012 --su primer año completo como jefe del Consell-- con cambios en su equipo de gobierno, en un ejercicio que ha estado marcado por los recortes para lograr el cumplimiento del objetivo del déficit, las protestas ciudadanas ante estos ajustes y el discurso de lucha contra la corrupción.
Así, el jefe del Consell comenzó 2012 con un equipo renovado tras la primera remodelación de gobierno, anunciada el pasado 30 de diciembre. De esta forma, el hasta entonces conseller de Educación, Formación y Empleo, José Císcar, se convirtió en 'hombre fuerte' al ser nombrado vicepresidente de la Generalitat, en sustitución de Paula Sánchez de León, que pasó a ocupar el cargo de delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
Císcar también pasó a ostentar el cargo de portavoz del Consell, que ejercía hasta entonces la también consellera de Turismo y Cultura, Lola Johnson. La vacante en Educación y Empleo la ocupó la alcaldesa de Torrent (Valencia) María José Català. Los nuevos consellers tomaron posesión el 2 de enero.
Fabra volvió a elegir otro viernes, el 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, para reducir de diez a ocho el número de consellers y dejar fuera de su gobierno a cuatro titulares que procedían de la etapa de su predecesor, Francisco Camps, en concreto Lola Johnson, Jorge Cabré, Luis Rosado y Maritina Hernández.
Así, entraron en el gobierno Juan Carlos Moragues, para ocuparse de Hacienda y Administración Pública; Manuel Llombart, que ha tomado las riendas de la Conselleria de Sanidad; y Asunción Sánchez Zaplana, que ha pasado de dirigir los asuntos sociales del Ayuntamiento de Alicante a los de la Generalitat.
No obstante, permanecen de la época del ejecutivo de Francisco Camps José Císcar, que a la Vicepresidencia y Portavocía ha añadido las competencias de Agricultura y Agua; Isabel Bonig, que permanece en Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente; y Serafín Castellano, quien se ocupa de Justicia y Gobernación.
DIMISIÓN VELA
Los últimos cambios de Gobierno se produjeron una semana después de que José Manuel Vela dimitiera como conseller de Hacienda y Administración Pública, horas antes de ser imputado por la supuesta filtración de un informe de la Intervención General sobre el 'caso de Cooperación' al diputado del PP, imputado en esta causa, Rafael Blasco.
Precisamente, la imputación de Blasco ha sido uno de los sucesos relevantes de 2012 en las filas 'populares'. El parlamentario tuvo que delegar provisionalmente sus funciones de portavoz del grupo popular en las Corts a Rafael Maluenda en junio. En octubre, Jorge Bellver pasó a ser el nuevo síndic del PP.
Y es que el mensaje de lucha contra la corrupción ha sido uno de los más repetidos por el jefe del Consell estos últimos meses y, al respecto, ha tomado algunas decisiones. Por ejemplo, Fabra forzó la dimisión del director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, y del secretario autonómico de Turismo, Luis Lobón, como consecuencia de su imputación en el 'caso Nóos'. Además, cesó al director general de Integración y Cooperación, Josep María Felip, y al subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Alexandre Catalá, implicados, al igual que Blasco, en el llamado 'Caso de cooperación'.
No obstante, en las filas del grupo popular en las Corts continúan nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción. Asimismo, Pedro Hernández Mateo dejó su acta de parlamentario al ser condenado por el TSJCV.
En el ámbito interno del PPCV, Fabra fue reelegido presidente del PPCV con el 81,3 por ciento de los votos, y sustituyó a Antonio Clemente por Serafín Castellano en la Secretaría General de la formación.
LA COMUNITAT, LA PRIMERA EN EL FLA
Respecto al ámbito económico, la Comunitat Valenciana fue la primera autonomía en adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), decisión que el Consell anunció el pasado mes de julio, y con la que buscaba "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012" y, además, poder atender el pago a proveedores.
En la gestión de Fabra han ocupado un lugar importante las diversas medidas de austeridad, desde principios del año. Así, el pasado 5 de enero el Consell anunció el primer gran paquete de recortes que contemplaba, entre otros, la subida de determinados impuestos y ajustes a empleados públicos.
Más tarde, en abril, la Generalitat presentó su plan de reequilibrio que prevé un ahorro de más de 2.000 millones con un cambio en el modelo sanitario --extendiendo la iniciativa privada en los hospitales--; aumentando las ratios en las aulas y el horario lectivos de los docentes; incrementando las tasas universitarias, o vendiendo inmuebles públicos, entre otras iniciativas.
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
El jefe del Consell también se ha centrado en la reestructuración y reducción del sector público empresarial y fundacional, con importantes Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Radio Televisión Valenciana, que contempla el despido de 1.198 trabajadores; en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con unos 450 afectados; en Vaersa, que tendrá unos 202 empleados menos, y en muchos otros entes públicos. En total la plantilla del sector público valenciano quedará recortada en un 40 por ciento.
Los diversos recortes ejecutados y anunciados por el Gobierno de Fabra han multiplicado las protestas ciudadanas en la Comunitat. Estudiantes, trabajadores del sector público, discapacitados y empleados del ámbito cultural, entre otros, han protagonizado diversas concentraciones y manifestaciones. Especialmente significativo ha sido el cierre patronal de las farmacias de la Comunitat Valenciana por los retrasos en los pagos del Consell.
PRESUPUESTOS 2013
La austeridad de Fabra también se ha visto en los presupuestos de la Generalitat para 2013 que han caído, a nivel consolidado, un 9,08 por ciento con respecto a los del ejercicio anterior, hasta los 13.940,45 millones de euros. Asimismo, el presupuesto de la administración general ha disminuido un 7,1 por ciento y alcanza los 12.784 millones de euros.
