15 de octubre de 2019
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  • 24 de septiembre de 2009

    Federación de Regantes cree que cambiar el ámbito territorial de demarcaciones hidrográficas causará "guerras del agua"

    VALENCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, advirtió hoy de que modificar los límites de las cuencas hidrográficas para hacerlos coincidir artificialmente con las delimitaciones administrativas de las comunidades autónomas derivará en un modelo autonómico "insolidario" y en "auténticas guerras del agua" entre territorios, informaron hoy fuentes.

    Del Campo --que realizó estas declaraciones en Valencia durante su participación en el simposio 'Agua y Gobernanza', organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)-- recordó que los límites de las cuencas hidrográficas vienen dados por la propia naturaleza, por lo que calificó de "error político" el preámbulo del borrador del Real Decreto por el que se pretende modificar el ámbito territorial de la Demarcación del Júcar para fijar la delimitación "legal" entre la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana.

    De esta forma, advirtió de que traspasar las competencias sobre la administración del agua de las cuencas intercomunitarias a las comunidades autónomas "conlleva el riesgo de que su distribución no tenga en cuenta los intereses generales de todos los españoles sino intereses localistas, lo que acentuará los conflictos territoriales por el agua; primero, entre comunidades; después, entre provincias y por último, entre los propios usuarios".

    El presidente de Fenacore insistió en que "no se puede territorializar la administración del agua ni basar su gestión en decisiones políticas tomadas por los representantes de medio ambiente de cada provincia en lugar de en criterios técnicos, ya que puede ponerse en peligro la viabilidad del sector agrario por su descoordinación y falta de rigor".

    Como ejemplo, citó que tras la cesión, el pasado mes de enero, de competencias de la cuenca de Guadalquivir a la Comunidad Autónoma de Andalucía se han tomado decisiones "muy graves" al margen del Consejo Nacional del Agua y "rompiendo el principio de unidad de cuenca, tales como el episodio ocurrido hace menos de cuatro meses cuando la Junta cortó el suministro de agua a numerosas comunidades de regantes para desalinizar el estuario y que los arroceros pudieran regar con agua dulce, provocando cuantiosos daños a cultivos que necesitan abundante agua", recordó.

    Del Campo calificó de "alarmante" para los usuarios que los Estatutos de Autonomía entren a regular una competencia exclusiva del Estado, insistiendo en que la planificación hidrológica nacional corresponde al Estado Central, tal y como recoge el artículo 149.22 de la Constitución Española y la Ley de Aguas, con el fin de garantizar la gestión racional de un recurso que es de todos los españoles y no del territorio que lo tiene más cerca.

    El presidente de los regantes hizo especial hincapié en que si cada comunidad autónoma elabora su propia Ley de Aguas, el Plan Hidrológico Nacional se convertirá en una "torre de Babel" donde cada territorio hablará su propio "lenguaje del agua" en función de sus intereses. En este sentido, aludió al Anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía afirmando que "peca de intervencionismo gubernamental, afán recaudatorio, duplicidad competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca y déficit de participación de los usuarios".

    "PROTAGONISMO" ADMINISTRACIÓN

    A este respecto, mostró su "preocupación por el protagonismo, cada vez mayor, de las Administraciones en la gestión del agua, en detrimento de la participación de los usuarios --que disponen de concesión administrativa-- hasta el punto de quedar excluidos de órganos de gestión de ámbito nacional como el Comité de Autoridades Competentes".

    El presidente de Fenacore abogó por "un gran pacto político sobre el agua entre las fuerzas políticas, sociales y económicas basado en los criterios de sostenibilidad, racionalización económica y solidaridad territorial que, al margen de guerras del agua, garantice a los usuarios a corto y medio plazo el suministro en zonas deficitarias y el desarrollo económico de todas las regiones españolas.