VALENCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La fiscal Coordinadora de la Sección Civil y Protección a las Personas con Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido la apertura de un expediente informativo para "verificar" si, tal y como denuncia la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), existe un "desamparo" de los enfermos mentales tutelados por la Generalitat que están ingresados en centros de su red.
La gerente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), María José Mira, ha explicado en un comunicado que este martes, junto con dos miembros de la junta directiva de la patronal, se han reunido con la Fiscal Coordinadora de la Sección Civil y Protección a las Personas con Discapacidad para denunciar que la Conselleria de Bienestar Social "desatiende sus obligaciones como tutor" de los enfermos mentales y discapacitados ingresados en sus centros.
El objetivo de esta medida es, según Aerte, que, tras los "infructuosos" requerimientos a los responsables de la administración autonómica, sea la Fiscalía la que evalúe la situación en que se encuentran los enfermos mentales y discapacitados atendidos en los centros adheridos a la patronal, "según ya le consta a la Fiscalía en las comunicaciones periódicas de seguimiento del estado de las personas sobre las que se ha acordado judicialmente su ingreso no voluntario, esto es, personas incapacitadas judicialmente".
Aerte ha recordado que existe documentación que "acredita que se ha desatendido la manutención y cuidados de los tutelados por la Generalitat valenciana, al menos desde el mes de enero del año 2011" que, desde esa fecha, están mantenidos "a costa de los centros donde se hallan ingresados".
Asimismo, en el escrito presentado por la patronal autonómica de la dependencia se ha reclamado que, con respecto a la rendición de la cuenta anual de su administración, "debería de quedar de manifiesto esta situación ante el juez competente, para que pueda adoptar las medidas pertinentes en orden a la protección del incapacitado, conforme a los artículos 216 y 158.1 del Código Civil, cosa que hasta el momento no ha ocurrido".
RECLAMACIÓN DEL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES
Aerte ha incidido en que "se le ha reclamado de forma infructuosa a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, en cumplimiento de sus obligaciones legales, el pago de las facturas pendientes hasta la fecha de hoy, tanto por vía administrativa, como públicamente a través de concentraciones, comunicados e informaciones en los medios de comunicación".
En esta línea, ha agregado que se ha advertido en diversas ocasiones de que, de no resolverse la deuda que mantiene la Administración con el sector, "se puede llegar al cierre de los centros que atienden a estos enfermos mentales y discapacitados".
Así, y tal y como recoge el Código Civil en el artículo 269, los responsables de Aerte han explicado que es el tutor el que está "obligado a velar por el tutelado" y, en particular, esta obligado a procurarle alimentos, educarle y procurarle una formación integral, promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad, e informar al juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración.
Por tanto, y ante el "riesgo de desaparición" de los recursos socio-sanitarios que atienden a estos tutelados, los empresarios reunidos en la última asamblea general extraordinaria de Aerte acordaron poner en conocimiento de la Fiscalía esta situación, "con el objetivo de salvaguardar la atención profesional a los ciudadanos en situación de dependencia" de la Comunitat "y el estado del Bienestar, así como el derecho adquirido por Ley de las personas en situación de dependencia".
