31 de octubre de 2020
27 de septiembre de 2020

Fiscalía pide archivar la causa por la falta de medios en el inicio de la pandemia

Fiscalía pide archivar la causa por la falta de medios en el inicio de la pandemia
Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia - EUROPA PRESS - ARCHIVO

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido el archivo de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de València por la falta de medios y material de protección de los sanitarios en la Comunitat Valenciana durante el inicio de la pandemia, al no apreciar delito por parte de los responsables de la Conselleria de Sanidad Universal denunciados.

Después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pidiese a la Fiscalía que se pronuncie sobre siete querellas y denuncias interpuestas durante el estado de alarma por la gestión de la Covid-19, el fiscal decano y delegado de siniestralidad laboral de Valencia, Jaime Gil, ha firmado un escrito en el que pide el archivo de uno de estas denuncias, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, se trata de la causa abierta tras la denuncia presentada por un grupo de abogados de las tres provincias contra el director gerente del Hospital General de Alicante y la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López.

Por un lado, el fiscal señala que "los denunciantes no son perjudicados" y que tendrían que personarse como acusación popular. Por otra parte, advierte que en la denuncia, "por su carácter genérico, no se determina ni cuándo se han producido los hechos, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quién o quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado".

Para la Fiscalía, esta falta de concreción "hace, no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida, sino que además se trataría de una investigación genérica y prospectiva, proscrita en nuestro ordenamiento y nuestra jurisprudencia".

Además, el fiscal añade que "es conocido por todos que, con la declaración del Estado de Alarma, se estableció una dirección coordinada por el Ministerio de Sanidad que centralizó todas las directrices en esta materia, despojando transitoriamente a las distintas autonomías de capacidad de dirección individual, respecto de las compras y estrategias de actuación". "Ello puede ser objeto de crítica política, pero excede de la esfera de actuación estrictamente judicial", agrega.

Por tanto, señala que "todas estas consideraciones, sin necesidad de mayores precisiones, debieran conducir a la inadmisión a trámite de la denuncia formulada".

"IMPOSIBILIDAD" DE DAR MEDIOS A LOS TRABAJADORES

También se refiere a que "es un hecho notorio y sobradamente conocido la escasez" de material de protección en el mercado nacional e internacional "y, por tanto, la dificultad -cuando no imposibilidad- de entregar los mismos a los trabajadores".

En este sentido, concluye que no se puede atribuir una responsabilidad criminal de naturaleza objetiva a los denunciados por no entregar material de protección porque "al sujeto legalmente obligado se le estaría exigiendo una conducta imposible de realizar".

El fiscal ahonda en que "uno de los motivos que justificaron la declaración del estado de alarma por el RD 463/2020, de 14 de marzo, fue precisamente la existencia de una situación de desabastecimiento en determinados sectores".

También destaca que "la denuncia no individualiza a personas o supuestos concretos en que se someta a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad a un riesgo para su vida o integridad, sino que se limita a indicar una falta de medios de forma genérica, sin concretar qué medios ni en qué situaciones".

SEGURIDAD DE TRABAJADORES CONTRA SEGURIDAD COLECTIVA

Por otro lado, apunta a una "colisión de dos bienes jurídicos importantísimos": "De una parte, la seguridad de los trabajadores, y por otra, la seguridad e integridad colectiva".

En este sentido, el fiscal cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas de 12 de enero de 2006, que señala que "en caso de que acontecimientos excepcionales requieran la adopción de medidas indispensables para la protección de la vida, de la salud así como de la seguridad colectiva", "las imperiosas exigencias de preservación de la seguridad y de la integridad de la colectividad" deben prevalecer transitoriamente sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

Bajo este prisma y en relación a la denuncia sobre los medios durante la pandemia del coronavirus, el fiscal indica que "para poder hablar de imputación penal dirigida a los denunciados en esta causa , en una situación excepcional como la que estamos viviendo, no basta con constatar la realidad de que existen carencias y retrasos en los medios de protección, sino si a los mismos se le puede considerar como legalmente obligados, conforme a un derecho penal de garante que supera el concepto tradicional de derecho penal de autor".

"La previsibliidad es el elemento inherente al concepto de deber de cuidado, pues solo si el resultado es previsible se puede afirmar que se ha omitido um deber de cuidado. La realidad excepcional de un grave riesgo colectivo, como indica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, obliga a dar prioridad absoluta al bien jurídico colectivo, sin perjuicio de poner todos los medios para la defensa de los derechos individuales de todos los trabajadores. En esta situación, los denunciados no tiene un control sobre la fuente del riesgo, dado que no depende de ellos", añade.

En función de todos estos argumentos, la Fiscalía concluye que "no están legitimados los denunciantes, dado que requieren querella para actuar como acción popular y prestar en su caso fianza y, en cuanto al fondo de los hechos denunciados, no existe delito contra los denunciados y procede el sobreseimiento del art 641.1 LECr y el archivo de las presentes, dejando sin efectos sus citaciones y diligencias acordadas".