VALÈNCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha emitido una nota aclaratoria sobre las declaraciones del delegado, Juan Carlos Fulgencio, en relación a la proporcionalidad o no de las actuaciones llevada a cabo en el caso del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, en la que asegura que respeta las actuaciones judiciales y que considera que en España las policiales "se ajustan a derecho".
"El delegado del Gobierno respeta, como no podría ser de otra manera, todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la justicia. Además, considera que en el Estado Español las actuaciones policiales se ajustan a Derecho", señala el comunicado.
No obstante, añade que el delegado se pregunta "desde el desconocimiento de la causa abierta contra Jorge Rodríguez, si en ocasiones la espectacularización de las operaciones puede atentar contra las personas a las que afectan la causas que están abiertas y que, en el caso que nos encontramos, sujetas a secreto de sumario".
Por último, añade que Juan Carlos Fulgencio se ha cuestionado si registros policiales "en domicilios particulares con despliegue mediático pueden llevar a cabo un daño anticipado a las personas anterior a la sentencia judicial".
La aclaración se produce después de unas declaraciones de Fulgencio, tras una reunión con diputados de Podemos, tras haber sido preguntado por si considera "desmedida" la actuación en la causa abierta a Rodríguez por presunta prevaricación y malversación por irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra.
Fulgencio ha lamentado en esas primeras declaraciones el "daño anticipado importante" que estos días se ha hecho al presidente de la Diputación y al resto de cargos en la corporación provincial que fueron detenidos --puestos ayer en libertad-- y aunque ha expresado su "profundo respeto" por las decisiones judiciales, ha admitido: "No llego a comprender el alcance de ciertas medidas como los registros domiciliarios".
Con posterioridad, Delegación de Gobierno ha apuntado que lo que Fulgencio se cuestionaba es si "registros policiales en domicilios particulares con despliegue mediático pueden llevar a cabo un daño anticipado a las personas", anterior a la sentencia, y si en ocasiones "la espectacularización de las operaciones puede atentar contra las personas a las que afectan causas" abiertas y sujetas a secreto de sumario.
