VALENCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Territorio, Esteban González Pons, denunció hoy en el pleno de las Corts Valencianas que el Ayuntamiento de Catral (Alicante), al que la Generalitat ha retirado las competencias urbanísticas, otorgaba licencias de vallado o de casas de labor con las que se construían viviendas en zona no urbanizable cuyos promotores legalizaban con certificaciones técnicas que acreditaban la antigüedad necesaria para que prescribiera la infracción urbanística.
González Pons respondió en la sesión de control al Consell a sendas preguntas del PSPV y EU-Entesa que pretendían conocer los criterios objetivos de la conselleria de Territorio para llevar a cabo la retirada de competencias municipales en materia de disciplina urbanística en ayuntamientos tras el caso de Catral.
El conseller señaló que el procedimiento que seguían los promotores era solicitar licencia de vallado al ayuntamiento, que era aprobada por la junta de gobierno con informe en contra del arquitecto municipal y del secretario. La autorización requería una solicitud previa a la conselleria de Territorio y Vivienda, pero no se efectuaba, y era la que permitía construir una vivienda donde se había solicitado construir una valla o refugio de labor.
Además, según expuso González Pons, el ayuntamiento de Catral realizaba el acta de inspección e imponía una sanción, de forma que se recogía que se solicitara al registrador de la propiedad la práctica de la anotación preventiva, pero nunca se realizaba, y que tampoco se ordenaba la demolición de las obras, pese a ser una obligación impuesta por ley.
Por parte de un aparejador o un perito industrial se realizaba una certificación técnica que acreditaba la existencia de una vivienda más de cuatro años, que es el plazo de prescripción de la infracción urbanística, y, tras la inscripción notarial, se solicitaba licencia de reforma de la misma, aprovechando esta licencia para construir una vivienda totalmente nueva sobre un suelo no urbanizable, indicó el conseller.
"Hay muchas personas en Catral asustadas porque las ortofotos comparativas de 2002 a 2005 demuestran que en 2002 muchas supuestas viviendas antiguas no existían", indicó.
El conseller anunció además que la próxima semana presentará un plan especial contra la construcción ilegal en la Comunitat Valenciana e indicó que antes de que finalice la próxima semana se presentará este plan especial contra la construcción ilegal, un fenómeno que, según dijo, "ni con mucho alcanza el de otras comunidades autónomas como Andalucía".
El titular de Territorio retó además a los socialistas a pedir la dimisión del alcalde de Catral (Alicante), el socialista José Manuel Rodríguez, si "de verdad están dispuestos a luchar contra la ilegalidad del urbanismo, en lugar de subir a esta tribuna y empezar a señalar a otros alcaldes de otros municipios".
González Pons defendió la retirada de competencias en Catral y alegó que, si se produjera un caso igual en otros municipios gobernados por el PP o por otros partidos, "tomaría exactamente la misma decisión". Además, advirtió de que el procedimiento que se ha seguido en este municipio alicantino "probablemente tendrá consecuencias extraordinarias desde un punto de vista judicial" y, al respecto, se mostró "convencido de que cuando todo vaya saliendo a la luz", los socialistas "no asumirán la tarea del alcalde de Catral con la alegría con la que este momento la están haciendo suya".
También destacó que el municipio de Catral cumplía las condiciones para justificar la retirada de las competencias urbanísticas al ayuntamiento -que volvió a definir como el "campeón de la construcción ilegal"-, como son la "proliferación extraordinaria de construcciones ilegales en un corto espacio de tiempo", que se produjera en suelo no urbanizable y con vistas a la promoción y venta de viviendas y el "agotamiento de la vía del concierto con la conselleria que hubiera permitido la legalización de las viviendas irregularmente establecidas".
El conseller aseguró que, según figura en los propios informes de la Guardia Civil, mientras el ayuntamiento de este municipio alicantino no paralizó obras ilegales, sí se ha hecho en otras poblaciones de la misma demarcación como Albatera, Orihuela, Almoradí y Benejúzar.
ORTOFOTOS
González Pons, que mostró desde la tribuna ortofotos de Catral correspondientes a los años 2002 y 2005, señaló que en 2002 se registraron 713.000 metros cuadrados construidos en suelo no urbanizable, que en 2005 aumentaron a cerca de 2,7 millones, lo que supone un aumento del 378 por ciento de construcciones ilegales.
Además, en 2002 había construidos dentro del parque natural del Fondo 39.643 metros cuadrados y en 2005, 270.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 681 por ciento. Precisó que en dos años, de 358 viviendas ilegales se ha pasado a 1.270, con un incremento del 355 por ciento.
Por todo ello, auguró que los mecanismos del consistorio de Catral "pasarán a formar parte de los manuales de derecho administrativo como procedimiento catralino de inobservancia de la legislación valenciana".
Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV Antoni Such, que pidió al titular de Territorio que utilice "criterios que no sean sectarios", preguntó a González Pons si ha visitado Castalla, también en Alicante, donde se han realizado promociones en "terrenos en los que no se puede urbanizar de 500 viviendas, sin luz, ni agua, ni licencia, y con denuncias del Seprona". También se refirió al caso de Orihuela, "con 30.000 casas ilegales" o a los de Castellón, "con 3.000 viviendas ilegales en la Marjaleria y 300 en el Serradal", Benidorm, Callosa del Segura y San Miguel de Salinas.
Asimismo, defendió que una "única persona" puede parar "todo el sinsentido urbanístico de esta comunidad y espero que usted lo haga". Afirmó que con su antecesor, Rafael Blasco, "todos los promotores primero hablaban con la conselleria y después iban al alcalde". "Si de verdad González Pons "tiene voluntad de acabar con esto estaremos a su lado". "Con una única persona esto se acabe y es usted", porque su antecesor, según señaló, "lo promocionó". "Usted puede acabar con esto y nosotros estaremos a su lado", sentenció.
El portavoz adjunto de EU-Entesa Joan Antoni Oltra reprochó al Consell que no actué ante casos como Orihuela, con "casi toda la corporación imputada en delitos", y tampoco en Dolores, "con naves ilegales del propio alcalde y chalés de concejales del PP", y también en Almoradí, Algorfa, Callosa d'En Sarrià y Albatera.
