ALICANTE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde de Torrevieja (Alicante) y diputado del PP en las Corts Valencianes, Pedro Ángel Hernández Mateo, se encuentra pendiente de la instrucción de otras dos causas abiertas por un supuesto delito de tráfico de influencias por la compraventa de una finca, así como por supuesto delito de prevaricación y contra los derechos fundamentales.
El diputado autonómico se enfrenta de este modo a otros procesos judiciales, tras ser condenado este viernes a tres años de prisión por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
A esta causa se suman otras dos que Hernández Mateo tiene también abiertas por su etapa como alcalde, por un supuesto delito de tráfico de influencias por la compraventa de una finca, relacionado con la plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca rústica y que podría ascender a más de cinco millones de euros.
Además, tiene pendiente una segunda abierta tras una denuncia de Los Verdes por su supuesta negativa a convocar varios plenos ordinarios entre los años 2003 y 2007, tal y como en su día denunció Los Verdes.
La denuncia fue archivada inicialmente por el juzgado de instrucción número 4 de Torrevieja, pero en abril de 2012 la Audiencia Provincial de Alicante estimó parcialmente el recurso de apelación de Los Verdes, y ordenó la reapertura de la causa.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) debe decidir si es competente o no para continuar con la instrucción de una causa, decisión que aún no se ha adoptado.
El exalcalde además estuvo imputado por un supuesto delito electoral en una cuarta causa que el pasado mes de septiembre fue archivada, al entender la magistrada que los hechos imputados no eran constitutivos de delito electoral ninguno.
Los hechos de esta última causa se remontan al mes de mayo de 2011 en plena campaña electoral, cuando el PSPV presentó una denuncia contra los 'populares' por la celebración de un acto en un recinto que había sido prohibido por la Junta Electoral Provincial de Alicante.
