VALENCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de la Sección de Menores del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Rafael Iniesta, criticó hoy que las reformas aprobadas por el ministerio de Justicia en el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Penal del Menor "priman el internamiento y el endurecimiento del castigo frente a la reeducación para acallar la alarma social que han provocado los últimos casos de violencia en los que se han visto involucrados menores".
Iniesta explicó que "no se puede endurecer una norma general como consecuencia de un par de casos graves", en referencia a los casos de Sandra Palo o las grabaciones de móviles, y añadió que el Gobierno "no puede centrar sus decisiones en el populismo, ni plantear leyes que son inviables sin dotar de personal, centros y equipamiento a los servicios y órganos de Justicia".
Iniesta, quien avanzó que los problemas suscitados por la reforma de esta Ley se abordarán este jueves en la primera sesión del VIII Curso Práctico de Especialización en Derecho de Menores, indicó que esta normativa "nació muerta", y dijo que "las constantes reformas no han hecho sino confirmar este hecho, ya que se han encaminado a alterar los principios básicos del articulado, sin plantear en ningún caso la necesidad de garantizar la dotación de personal e infraestructuras para su cumplimiento".
Este hecho, matizó, provoca que los plazos para informes previstos en la Ley --alrededor de 1 mes-- "no se cumplan y se alarguen más allá del medio año, cuestión que se agrava ante la falta de policía judicial adscrita que controle la presencia de los menores en los procesos".
Además, señaló que la duración de las medidas cautelares que la Ley fija actualmente, es decir, tres meses, prorrogables por otros tres, "resulta a menudo insuficiente, según el Ministerio, por lo que la reforma contempla un periodo inicial ordinario de seis meses, que se podrá prorrogar de manera excepcional durante otros tres".
Esta decisión, añadió Iniesta, significa "una forma de reconocer implícitamente un problema estructural de la Justicia Española como consecuencia de la falta de dotaciones", y añadió que esta situación "se repite en relación a la prescripción de las faltas, ya que la reforma establece que dicho plazo de prescripción será de seis meses".
GARANTIA DE CONVIVENCIA
Asimismo, Iniesta apostilló que, desde su publicación hace seis años, "no se han puesto en marcha aspectos fundamentales del texto original como la garantía de convivencia con otro grupo familiar o familia educativa para los menores, medida para lo que ni siquiera se ha elaborado una lista de familias desde la aprobación de la norma".
Además, señaló que "la falta de centros de menores y el poco interés del Ministerio y las Administraciones competentes en su construcción, ha condenado a los menores que cumplan 18 años a acabar en la cárcel", puntualizó Iniesta, y añadió que "la reciente modificación y la saturación de los órganos especializados en esta materia puede desviar muchos trámites de la jurisdicción de menores a la de adultos".
En este sentido, recordó que en Valencia "sólo hay 12 plazas para desintoxicación de menores, mientras que el 80 por ciento de los casos con informes técnicos desvelan que los menores tienen adicciones a drogas de distinto tipo, cuando no son directamente politoxicómanos".
Por otra parte, el coordinador de la Sección de Menores criticó que la "única" solución para agilizar los trámites que aporta el Ministerio en la nueva redacción del articulado es "la tramitación al unísono de la responsabilidad penal y civil que, aunque a priori parece positiva, en realidad provocará que el 80 por ciento de las conformidades no se consigan por miedo a las indemnizaciones económicas", con lo que, concluyó, "acabaremos sacrificando la reeducación del menor por una cuestión puramente económica".
