El inicio del juicio por el caso Palau se mantiene para el 8 de enero pese a la renuncia del abogado de Helga Schmidt

La exIntendente Del Palau De Les Arts, Helga Schmidt, en imagen de archivo
Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 2 enero 2019 18:45

VALNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia mantiene el señalamiento del juicio por el llamado 'caso Palau' en las fechas en las que estaba previsto pese a renunciar el abogado de la exintendente del Palau de Les Arts Helga Schmidt a su defensa. De este modo, la vista oral arrancará el próximo martes 8 de enero y se prevé que se prolongue hasta el 12 de marzo con un total de 20 sesiones.

El tribunal ha recibido la comunicación de la renuncia del abogado de la exintendente del coliseo y ha emplazado a la acusada a que designe un nuevo letrado que la defienda en el juicio. Sin embargo, pese a esta renuncia de la defensa de Schmidt, la sala no ha recibido ningún tipo de petición de suspensión de la vista oral, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Este proceso, que arrancará el próximo martes, llega más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Valncia abriera juicio oral contra la exintendente del Palau de Les Arts y otras cuatro personas más por el presunto fraude en el coliseo. Están acusadas de delitos de prevaricación, malversación y falsedad.

En un auto del 5 de diciembre de 2017, el juez acordó la apertura de juicio contra Schmidt, para quien el fiscal pide siete años y medio de prisión; el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno, que se enfrenta a ocho años de cárcel; el presidente del consejo de administración de Patrocini --empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores--, José Antonio Noguera Puchol --siete años--; Joaquín Maldonado --otros siete años--, y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe --mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones--, Pablo Broseta --siete años más--.

El magistrado incluyó a las empresas Patrocini y Radcliffe como responsables civiles subsidiarios y acordó que se mantenga la libertad provisional de todos los encausados con las medidas cautelares vigentes. También requirió fianzas: a Schmidt, Maldonado y Noguera un total de 495.603,72 euros cada uno; a Moreno 899.667,77 euros; y a Broseta 404.064,05 euros.

En el auto, el magistrado explicaba que la Fundación Palau de les Arts Reina Sofía se constituyó en enero de 2005, siendo una fundación pública adscrita a la Conselleria. Las funciones ejecutivas las desarrollaba Schmidt desde la constitución de la entidad hasta enero de 2015. Entre otras cláusulas en su contrato, se le exigía exclusividad.

Pese a ello, en un momento determinado, Schmidt se reunió con Noguera y Maldonado, y con conocimiento de Moreno, decidieron crear una sociedad de naturaleza mercantil --Patrocini-- para gestionar la captación de patrocinadores, pese a que el Palau tenía un departamento que se dedicaba a esta función.

De esta sociedad, "que tenía un evidente ánimo de lucro, pues no era ni una ONG ni una fundación sin ánimo de lucro", fue consejera Schmidt, "con incumplimiento no solo de la ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sino también de su propio contrato".

Durante el periodo en que Schmidt compatibilizó de manera ilícita los cargos de intendente y consejera de Patrocini, suscribió un total de cinco contratos que "suponían un evidente beneficio económico para la sociedad privada".

Para ello "no se siguieron en ningún momento los trámites esenciales de la contratación administrativa y, por tanto, se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procedimientos que pretende garantizar la normativa vigente".

La empresa privada recibió de la fundación 508.040 euros en concepto de precio fijo por la organización de eventos Viva Europa y comisiones por captación de patrocinadores, "sin que se haya podido establecer previamente la capacidad de la empresa, la posible existencia de ofertas más ventajosas o si el precio establecido resultaba ajustado a derecho".

Por su parte, Patrocini carecía de infraestructura personal y material para la realización de la labor para la que contrató de manera irregular con la Fundación. Además, en el periodo 2007-08, 2008-09 y 2009-10, en el año en que comenzó la labor de Patrocini, se redujo considerablemente el número de patrocinadores, es decir, empeoró la situación. Por lo tanto, no se justificarían "en absoluto" las comisiones que Patrocini --10% por mantenimiento y 30% por nueva captación-- habría pactado contractualmente.

VIVA EUROPA

Por otro lado, en diciembre de 2008 se constituyó la sociedad Viva Europa June 24th S.L.U. cuyos administradores y socios fundadores fueron Patrocini. Esto implicaba que Schmidt, intendente de la Fundación y miembro del consejo de administración de Patrocini, se encontraba a ambos lados de la relación contractual.

Esta mercantil suscribió varios contratos con la Fundación por el procedimiento negociado por especificidad técnica. En relación con el evento Viva Europa 2009 el Palau habría pagado un sobrecoste "carente de toda justificación" de 248.222,79 euros. Los acusados presentaron una factura falsa que fue abonada aún sabiendo que no se ajustaba a la realidad.

En el evento Viva Europa 2010, el Palau habría pagado a Patrocini 21.440 euros "sin justificación". Y en Viva Europa 2011, el Palau pagó un sobrecoste de 70.800 euros.

Asimismo, y por otro lado, se suscribieron otros contratos entre el Palau y Radcliffe & Asociados S.A., representada por Pablo Broseta en calidad de apoderado de la sociedad. Se le adjudicaron varios trabajos que no llegó a desarrollar, haciendo una labor únicamente de intermediario. Esta adjudicación "se llevó a cabo por el empeño personal de Moreno, quien le dijo a Schmidt que esta actuación no supondría un aumento del gasto por parte del Palau".

El Palau pagó a Radcliffe por sus servicios un sobrecoste como mínimo de 294.419,65 euros y pudiendo llegar hasta los 786.971,65. "Este sobrecoste no justificado supone un perjuicio a los fondos públicos por dicho importe, consecuencia de la actuación de Moreno y Broseta", detalla el juez.