ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación Provincial de Alicante aprobó hoy, con los votos mayoritarios del PP, instar al Gobierno central a que reforme la Ley y el reglamento de Extranjería, con el fin de "crear y fomentar un clima de seguridad jurídica", con "la prohibición expresa de regularizaciones masivas que produzcan el efecto llamada", según informaron hoy en un comunicado fuentes de la institución provincial.
Durante la sesión plenaria, el grupo popular aprobó hoy una moción suscrita por su portavoz, César Augusto Asencio, en la que, además de "la prohibición expresa de regularizaciones masivas que produzcan el efecto llamada", piden "más recursos para que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos puedan hacer frente a este fenómeno".
Asencio consideró que "este Gobierno, con su efecto llamada, criticado abiertamente por la Unión Europea, ha favorecido la llegada masiva de inmigrantes creando un problema humanitario, administrativo, económico y también delictivo, al fomentar el control de las mafias sobre esas personas".
En este sentido, opinó que el "resultado de todos esos despropósitos ha sido que en sólo dos años de gobierno del PSOE haya 1.600.000 inmigrantes ilegales más, más del doble que en ocho años de gobierno del PP, y que en la Comunitat Valenciana se estima que hay 200.000 ilegales".
El portavoz popular acusa, además, al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero de ser "sectario a la hora de distribuir los recursos o de asignar las cargas en esta materia a las comunidades autónomas".
Ante esta situación, el grupo popular en la Diputación exigió al Gobierno "prohibir las regularizaciones masivas, a ejercer un mayor control de las fronteras y desplegar el sistema de vigilancia SIVE en las Islas Canarias antes de 2008, a incrementar y ampliar los convenios bilaterales con los países de origen de los inmigrantes y a hacer efectiva la repatriación de los que no cumplan los requisitos legales".
Además, demandó la creación de un órgano en cada Comunidad Autónoma de coordinación administrativa de la inmigración, que el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales construya una red estatal de centros de acogida y que el Gobierno transfiera a las administraciones locales y autonómicas los recursos económicos necesarios para atender debidamente a los inmigrantes por medio de un Decreto-Ley que contenga financiación estable y suficiente.
Del mismo modo, insistió en "la necesidad se realizar el empadronamiento de extranjeros siguiendo el modelo europeo, en el que sin afectar a los derechos de ayuda a las personas, se exige la condición de residencia legal para poder empadronar".
También solicitó al Gobierno que determine "un contingente anual por comunidades autónomas, atendiendo a los municipios más implicados, y una mayor colaboración por parte de las delegaciones de Gobierno con los ayuntamientos para garantizar la seguridad de todos".
DECALOGO
Otros de los puntos abordados en la sesión plenaria de hoy fue una moción suscrita por el grupo socialista en la que se solicita la aplicación del decálogo de prácticas urbanísticas, rechazada por los populares.
El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, calificó de "urgente y necesaria" esta moción para "despejar las dudas sobre la clase política española y, en especial, alicantina", por lo que exigió al PP "el apoyo a un decálogo de buenas prácticas que exija mayores medidas reguladoras de la acción urbanística en los municipios".
Desde su punto de vista, "para atajar esta actual situación, que repercute directamente en un derecho constitucional como el acceso a la vivienda digna" es necesario aplicar un decálogo, que contempla "una función social de la vivienda, que incluyera el compromiso de reserva de un mínimo del 25 por ciento del suelo residencial para vivienda de protección oficial".
La propuesta socialista también preveía un "compromiso de rehabilitación de los barrios más degradados" y de "protección del patrimonio natural", entre otros puntos.
