VALENCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, consideró hoy que una de las "prioridades" del Ejecutivo central debería ser firmar convenios con los países de procedencia de los menores inmigrantes para poder conocer "la situación en la que se encuentran" en sus lugares de origen y "si es posible, repatriarlos con todas las garantías humanitarias y de derechos".
De Miguel, que compareció junto al portavoz del Consell, Vicente Rambla, en la rueda de prensa que ofreció para dar a conocer lo temas tratados en el pleno del Ejecutivo valenciano, realizó estas declaraciones al ser preguntada por el contingente de menores inmigrantes que se prevé trasladar a distintas comunidades.
La responsable autonómica señaló que el próximo lunes está previsto que se celebre una reunión con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, para abordar la llegada de menores inmigrantes a España y su traslado a las comunidades autónomas. Asimismo, criticó que "no sabemos lo que propondrá Caldera" en este encuentro.
Comentó que la llegada de inmigrantes menores a España es consecuencia del "efecto llamada" generado por las políticas de inmigración del Ejecutivo central, con las que, dijo, "ha desarreglado" cuestiones que estaban planteadas. Lamentó que el Estado pretenda ahora que "las comunidades autónomas arreglemos" estas cuestiones.
Recordó que en el anterior encuentro con el ministro, las autonomías destacaron que están "al límite de los servicios sociales" y reclamó al Gobierno "conocer el programa de traslados y las plazas pactadas con las ONG --al margen de las disponibles en las administraciones autonómicas-- para que podamos decir cuánto más podemos asumir".
La responsable de Bienestar Social indicó que en la Comunitat Valenciana hay "2.000 plazas aproximadamente para menores en situación de desprotección" y resaltó que "el 30 ó 40 por ciento están ya ocupadas por menores que vienen solos en situación difícil".
Comentó que "sabemos, en muchos casos, cuál es la procedencia" de los menores y lamentó haber sido "incapaces" de que el Gobierno de España, "el que tiene la competencia, repatrie a esos menores", al tiempo que estimó "prioritario" que la administración central "investigue" si esos menores están en sus países de origen "en situación de desprotección".
"No nos dan datos, y no se puede repatriar ni a un menor", dijo. Asimismo, se preguntó si "lo mejor" es que "estén en una entidad pública que los acoge hasta los 18 años y luego salen". Señaló que a los menores de la Comunitat Valenciana acogidos en centros de acogida, "los protegemos porque están en desamparo" y explicó que los servicios sociales trabajan para "mejorar en lo posible su entorno familiar y poderlos reintegrar".
De Miguel insistió por ello en que una de las "prioridades" del Ejecutivo central debería ser "hacer convenios con los países de origen para estudiar la situación de los menores en su país" y después "si es posible, repatriarlos con todas las garantías humanitarias y de derechos".
"INMIGRACION ORDENADA"
La consellera de Bienestar Social afirmó que la Comunitat Valenciana es una autonomía que tanto a través de la Conselleria de Cooperación y Participación como "desde todas las áreas de gobierno" está "absolutamente comprometida" con "la mejora de las condiciones de los países que están en una situación precaria y que han de mejorar su nivel económico" para que sus ciudadanos no tengan la necesidad de salir a buscar "un futuro mejor".
En este sentido, indicó que la valenciana es "una de las comunidades que más proyectos de cooperación está llevando al exterior" y apuntó que el Consell "destina más de 400 millones de euros anuales a la integración de las personas que vienen de fuera". Destacó que la Generalitat cuenta con un Plan de Inmigración de unos 1.000 millones de euros, ejecutado en más de un 50 por ciento, precisó.
Alicia de Miguel manifestó que la Generalitat dice "sí a la inmigración, a la integración de todas las personas en la norma básica de la igualdad de todos los seres humanos y de igualdad de oportunidades" pero precisó que ha de ser "inmigración ordenada, planificada, legal y regularizada".
La consellera consideró que "el Gobierno de España con la regularización masiva", aunque "desde esta comunidad, desde la Unión Europa y desde muchos ámbitos se le dijo que tendría un efecto llamada de consecuencias desastrosas", ha provocado "una situación muy difícil" y "ha desarreglado lo que estaba medianamente organizado". Destacó que las comunidades autónomas "colaboramos" ahora para "arreglar el problema que el Gobierno central ha generado".
Valoró la colaboración que realiza la Comunitat Valenciana "ayudando a la entrada de vuelos desde Canarias". En esta línea, sostuvo que los inmigrantes ilegales que llegan desde este comunidad son "seres humanos" y aseguró la asistencia del Consell aunque subrayó que se trata de "personas que llegan en situación irregular muy compleja". A pesar de ello, manifestó que la "obligación" del Ejecutivo central es "cambiar drásticamente su política porque tiene unas consecuencias presentes y futuras muy complejas para la cohesión social".
