VALNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valncia ha condenado a una inmobiliaria a devolver los 900 euros de reserva que pagó una pareja como reserva de un piso que no cumplía con los requisitos necesarios para una persona con movilidad reducida, tal y como habían solicitado.
Así se desprende de la sentencia, facilitada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV), en la que, además del pago de la reserva, se condena a la inmobiliaria al abono de intereses legales correspondientes y las costas procesales.
La víctima, asociada de la UCCV, acudió con su pareja sentimental a la inmobiliaria para alquilar una vivienda que debía reunir unos requisitos mínimos imprescindibles para una persona con movilidad reducida.
En un primer momento se les ofreció una vivienda, que se les enseñó desde la calle y se les garantizó que reunía los requisitos que ellos solicitaban, y por la que abonaron la cantidad de 900 euros en concepto de reserva.
La inmobiliaria se comprometió en el documento de reserva a la devolución de las cantidades sin penalización si finalmente no les gustaba el piso o no se adaptaba a las necesidades de los futuros inquilinos.
Tras visitar la casa, comprobaron que no reunía las condiciones y requisitos para que pudiera ser utilizada por la pareja, por lo que comunicaron a la inmobiliaria que no podían arrendarla, y lo mismo ocurrió con otras viviendas que les ofrecieron. Por lo tanto, y ante la imposibilidad de arrendar una vivienda con la inmobiliaria, le reclamaron la devolución de la cantidad que abonaron en concepto de reserva, tal y como constaba en el documento de reserva firmado.
A partir de ese momento, la inmobiliaria hizo caso omiso a las peticiones de la pareja y la Unión de Consumidores, en su representación, inició ante la mercantil la mediación y reclamó por la vía extrajudicial la devolución de la cantidad entregada en concepto de reserva.
Finalmente, y tras no obtener una respuesta satisfactoria por parte de la inmobiliaria, se inició un procedimiento judicial contra la inmobiliaria para reclamar los 900 euros, los correspondientes intereses legales, y el coste del procedimiento judicial, que ha sido estimado por el juez.
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana insta al sector inmobiliario a actuar en beneficio de sus clientes y a prestar el mejor asesoramiento inmobiliario posible con profesionalidad y respeto a sus derechos como personas consumidoras.
Igualmente, aconseja a las personas usuarias de servicios inmobiliarios a elegir a empresas profesionales de confianza y a revisar la documentación y que sea fiel reflejo de sus peticiones.
Por último, aconseja a todas las personas consumidoras que, ante el rechazo de su queja o reclamación, acudan a una asociación de consumidores para valorar las posibles alternativas cuando vean rechazada su reclamación o la mediación que hayan podido realizar antes los organismos públicos de consumo, y poder defender de forma efectiva, rápida y eficaz sus legítimos derechos.
