VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de inspecciones realizadas desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a centros que forman parte del sistema de protección a la infancia y la adolescencia se ha triplicado en tres años, desde el inicio de legislatura. El 96% de las inspecciones se han llevado a cabo en instancias de la propia administración, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Durante 2017, el servicio de acreditación e inspección de centros realizó un total 24 inspecciones a centros de personas menores, frente a las siete realizadas hace tres años. De las 24 realizadas a centros de menores durante el año pasado, nueve corresponden a centros de la provincia de Alicante, otros nueve en Valencia y seis en Castellón.
El 96% de las inspecciones realizadas a estos centros se han llevado a cabo a instancia de la dirección general de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad. El resto se han centrado en comprobar los requerimientos del departamento que dirige Mónica Oltra.
El presupuesto de Políticas Inclusivas para 2017 incluyó la dotación necesaria para la creación de diez puestos más en el servicio de acreditación, que hasta ese año contaba con diez personas. Estas plazas se cubrieron con profesionales de larga trayectoria en la Conselleria, tras un proceso público de selección.
De esta manera, el servicio dispone actualmente de 20 profesionales, en cumplimiento de la ratio establecida en la Ley 5/1997 que regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y que marca un inspector por cada 250.000 habitantes.
Desde el Gobierno valenciano destacan que "por primera vez, y casi 20 años después de la aprobación de la ley, la inspección de servicios sociales cuenta con la dotación de efectivos que marca la normativa", con el objetivo de velar por los derechos de las personas atendidas en el sistema valenciano de servicios sociales.
MÁS DE 1.500 CENTROS
El ámbito de actuación del servicio se extiende en la actualidad a un total de 1.564 centros; es decir, todos los centros sociales autorizados, tanto públicos como privados. Su misión es garantizar que las prestaciones que reciben los atendidos reúnen las características y ,a calidad establecidas en la normativa. Asimismo, estos profesionales investigan la existencia de centros que no cuenten con la autorización.
Al inicio de la legislatura, el servicio contaba con ocho personas para toda la Comunitat Valenciana. Con vistas a mejorar el control ordinario de la red de centros, en un primer momento Igualdad 'rescató' dos plazas que realizaban otras funciones, con lo que el departamento de acreditación aumentó hasta diez puestos.
