VALENCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El interventor del Estado, Joaquín Falomir, ha ratificado en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación' que los cuatro inmuebles adquiridos por la Fundación Cyes se pagaron con las subvenciones que consiguió de la extinta Conselleria de Solidaridad en el año 2008, cuando estaba dirigida por Rafael Blasco, porque la entidad no disponía de otros fondos para ello: "la fundación hacía cursos y cobraba unas matrículas por ello, pero según lo recaudado en un par de años, en absoluto se podía acercar a las cifras que figuraban como costes para la compra de inmuebles".
Falomir se ha pronunciado en estos términos en el juicio por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Conselleria a la Fundación Cyes en el año 2008 para dos proyectos en Nicaragua, por los que recibió alrededor de 1,6 millones de euros y de los que solo 43.000 euros llegaron a su destino, puesto que el resto se destinó a la compra de inmuebles en Valencia y a abonar unos 400.000 euros a una empresa del considerado presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, por unos trabajos de asesoría que se cuestionan.
El perito ha ido describiendo una por una todas las "irregularidades" en la concesión de ayudas que hizo la conselleria a esta entidad, desde el inicio del proceso, cuando se presentaron las solicitudes, hasta el final del mismo, cuando se intentaron justificar, y al cerrarse y certificarse los expedientes.
El testigo ha ratificado que es "evidente", y así consta en las actuaciones, que la Fundación Cyes adquirió inicialmente cuatro inmuebles con cargo a las ayudas, tal y como certificó en las escrituras que aportó y en los gastos de las cuentas corrientes. Pero estos pisos no estaban puestos a nombre de los destinatarios de las subvenciones, sino al suyo.
Seguidamente, cuando la conselleria decidió no admitirle estas facturas por la compra de inmuebles, la fundación aportó otras distintas para justificar los trabajos hechos en Nicaragua y que el dinero de las ayudas se había destinado a este país, pero el perito ha afirmado que no son "muy creíbles" porque quedó "patente" que la fundación había gastado el dinero de la conselleria en la compra de los pisos, puesto que no gozaba de más fondos.
Y sobre estas nuevas facturas y justificaciones que aportó posteriormente la fundación, el perito ha ido más allá y ha apuntado que el pago no constaba respaldado por la fundación. Además, ha comentado que son costes que "para nada" tienen que ver con la descripción de los proyectos que se presentaron, y cuyas facturas, algunas de ellas, están en euros, mientras que la moneda local eran las córdobas.
Sobre este último aspecto, la moneda local, ha indicado que "si simplemente se hace una trasposición en el tipo del cambio en ese momento, en las nuevas facturas -con euros-- resultaban unos importes absolutamente disparatados a su paso a las córdobas". Y ha puesto el ejemplo de que había facturas de 90.000 euros por salarios, cuando el salario medio anual en Nicaragua era de 1.000 euros.
