VALENCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) aseguró hoy que la inversión pública del Consell empieza a alcanzar niveles "preocupantes". Indicó que, a pesar de la perspectiva "complaciente" y de "satisfacción" que ha mostrado el conseller de Justicia, Miguel Peralta, con respecto a su propia gestión, resulta "necesario" mostrar "una visión muy distinta".
Las mismas fuentes indicaron, tras formular una evaluación sobre el estado de la Administración de justicia con motivo de la celebración del acto solemne de la apertura del año judicial en el ámbito valenciano, que se observan "graves" deficiencias de gestión que ofrecen cierta "dejadez" y algunos "problemas" de coordinación.
En este sentido, desde JpD destacaron que son ejemplos "significativos" la reciente resolución del Gobierno valenciano que dejó a "numerosos" juzgados "semivacíos" al cesar a los funcionarios interinos días antes de la llegada de los titulares o los "errores organizativos" que han dejado sin cobrar a "muchos" funcionarios durante varios meses.
Subrayaron el "sentimiento de desamparo institucional" que existe en "numerosos" partidos judiciales ante cuestiones que consideran tan "básicas", como son "la falta de sustitución de bajas de funcionarios, la insuficiencia de los medios técnicos e informáticos o las carencias de otros medios esenciales (desde el mobiliario al aire acondicionado), entre otros problemas".
En el mismo sentido, recordaron la "precaria" situación de medios personales y materiales de "muchos" órganos jurisdiccionales, como los juzgados de ejecutorias penales de Valencia que, a su juicio, tienen un "importante" retraso acumulado, y la imposibilidad de creación de dos unidades judiciales de apoyo por la falta de aportación de medios por parte de la Generalitat.
Indicaron que la "falta de previsión" de la Consellería también se manifiesta al iniciar medidas de control del horario de los funcionarios "sin disponer de la infraestructura a la que se había comprometido con tiempo de antelación".
Además, aseguraron que sólo el "desconocimiento" de los órganos autonómicos sobre la realidad diaria de los juzgados puede explicar el mantenimiento de la situación de la bolsa de funcionarios interinos, los cuales acceden a las oficinas judiciales sin ninguna formación ni selección especializada previa, una situación que motiva el desarrollo de "importantes" problemas de paralización de la gestión.
"DESTACADO" ALEJAMIENTO
Según la JpD, esta situación representa un "destacado" alejamiento de la Administración autonómica del funcionamiento de los juzgados, así como de los problemas que preocupan a los ciudadanos en el ámbito de la Justicia, como muestra la "nula" mención de Peralta en relación con el fenómeno de la "corrupción" en el ámbito urbanístico, y la "ausencia" de asignación o petición de medios para actuar ante el citado problema.
Las mismas fuentes señalaron que "siempre" se ha defendido la ampliación de la planta judicial como solución a la "grave" situación de sobrecarga de trabajo que, en su opinión, bloquea "numerosos" juzgados.
Sin embargo, aseguraron que se desconocen los criterios de la Generalitat para la solicitud de creación de nuevos juzgados, los cuales, señalaron que no parecen responder en "muchas" ocasiones a criterios basados en los niveles de litigiosidad y atención al ciudadano, sino que, con frecuencia, parecen más cercanos a reforzar partidos judiciales en función de afinidades políticas de carácter territorial.
Con todo, afirmaron que el Consell no parece advertir la "envergadura" de las carencias existentes, por lo que se limita a responsabilizar al Ministerio de Justicia sobre la gestión de las atribuciones estatales y, a su juicio, parece olvidar que las "importantes" competencias en el ámbito autonómico son las que más afectan a la calidad de la gestión jurisdiccional y a la atención al ciudadano. Desde JpD reclamaron, de esta forma, mejoras al Ministerio, como una "mayor" dotación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, además de mostrar sus reservas a iniciativas como los juzgados de proximidad.
No obstante, manifestaron que las diferencias institucionales no eximen al Consell de su obligación de dotar de manera "adecuada" a los juzgados existentes y de afrontar sus competencias con un "mayor interés", una "mayor eficiencia" y "responsabilidad", y con una inversión pública "más adecuada" a las necesidad del servicio de la administración de justicia.
