VALENCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena (Valencia) ha citado en diciembre a los tres exresponsables del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, Enrique Pérez Boada y Enrique Benede, a una vista para valorar si entran o no en prisión hasta que se celebre el juicio por las irregularidades en la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance.
Junto a estos tres exresponsables, también deberán acudir al juzgado por el mismo motivo el resto de procesados, según consta en una providencia, en la que se indica que los mismos tendrán que presentarse con sus abogados el día indicado.
Así, los primeros en acudir a la instancia judicial el día 25 de noviembre serán el expresidente del Consejo de Administración del hotel, Joaquín Boil; y el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil. El día 2 están citados Benede y el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; para el día 9 de diciembre están previstas las comparecencias de dos personas más --Rafael Mora y Mari Carmen Navarro--.
Así mismo, el juez ha citado el 16 de diciembre a Pérez Boada y al exalcalde de Jalance, Ángel Abed Navarro Navarro; y el día 23 a Uncio y a otra persona más, Moisés Sisternas.
El juzgado cita a todos los procesados a esta comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la que, tras oír todas las alegaciones, resolverá sobre la petición de prisión provisional de los inculpados en el procedimiento solicitada por la acusación particular.
Esta solicitud, presentada por la representación legal de los denunciantes Asunción Boscá y Rafael Martínez, perjudicados en el caso, se realizó ante el riesgo de fuga, debido a la gravedad de los delitos y la responsabilidad económica que pueda derivarse del juicio, y ante la posibilidad de que se produzca una despatrimonialización por parte de los procesados que genere una situación de insolvencia y les permita evitar el pago de la fianza por importe de 763.000 euros que ha fijado el juzgado para hacer frente a las responsabilidades civiles de una posible condena.
La acusación particular recordaba en su escrito de petición de prisión provisional la situación creada en mayo de 2005 como consecuencia de la sentencia de cinco años de prisión dictada por la Audiencia de Valencia contra el exdirector del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) José María Tabares por un delito continuado de estafa y falsedad. Al respecto puntualizaba que el ex alto responsable de la Generalitat se encuentra en paradero desconocido desde que fue dictada la sentencia.
Los hechos investigados en este procedimiento están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.
De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.
Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.
PENAS SOLICITADAS
Para dos exdirectores del IVF, la acusación particular --que representa a los querellantes-- solicita 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad --Benede-- pide dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación.
Por su parte, reclama para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, pide desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclama entre 10 y 12 años de prisión.
Por su parte, la Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión para el exalcalde de Jalance, y solicita el sobreseimiento de la causa para los exresponsables del IVF Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio. También reclama entre siete meses y 19 años de cárcel para el resto de procesados en la causa.
