ALICANTE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Dénia (Alicante), que investiga la 'trama Calpe' --una parte separada del 'caso Brugal'--, ha procesado a 12 personas por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en relación con supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de recogida y tratamiento de las basuras de la localidad alicantina.
Con esta resolución, el juez pone fin a la instrucción y deja el caso preparado para el juicio. El magistrado traslada el auto al ministerio fiscal y a las acusaciones particulares para que digan si procede la apertura de juicio oral --en cuyo caso deberán presentar sus escritos de acusación--, el sobreseimiento o la práctica de diligencias complementarias.
Se trata de una pieza separada del 'caso Brugal' que se sigue en Orihuela y en la que están imputados el empresario Angel Fenoll y el exalcalde de la localidad Francisco Javier Morató, y que se sustenta en las grabaciones que realizó el propio Fenoll en su despacho y en las que aparecen diversos implicados.
Según consta en el auto, la supuesta trama se desarrolló en dos fases. Una primera en la que se aborda la concesión de la contrata de tratamiento de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Calp en favor de Fenoll por 25 años, a pesar de que su empresa, Colsur, hizo una oferta más cara que la que presentó Urbaser. La adjudicación fue aprobada por el pleno de Calp en febrero de 1998 y permitía a Fenoll cobrar 4.972 pesetas por cada tonelada tratada.
Y una segunda fase, en la que en la que por "dejación absoluta" de los técnicos municipales, dice el juez, la empresa de Fenoll certificaba cantidades de basura más elevadas que las reales.
ARTACHO, PIEZA "CENTRAL"
El juez entiende, además, que Franciso Artacho Tellado fue una "pieza central" de la trama, ya que se reunió en los meses previos a la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos con Fenoll, según las cintas incautadas por la Policía.
En las grabaciones, Artacho hace valer su relación de parentesco con el teniente de alcalde, Juan Roselló, y habla de la necesidad de aportar 10 millones de pesetas para agilizar la concesión de la licitación de la planta de tratamiento de residuos. De hecho, recuerda el juez, en una de las grabaciones se ve a Artacho, junto a un trabajador de Fenoll, contando el dinero; así como conversaciones entre el empresario y Artacho sobre el reparto de dinero entre políticos y técnicos municipales para obtener un beneficio mediante "la falsificación de las cantidades tratadas" en la planta de residuos.
El juez instructor entiende que el "burdo engaño" solamente fue posible porque la báscula "ni tan siquiera funciona", porque nadie certificaba las cantidades de toneladas de basura que llegaban a la planta y por la connivencia de los técnicos municipales.
El juez estima que de esa manera resultaban muchos beneficiados y un único perjudicado, las arcas municipales. Según el auto, la empresa de Fenoll lograba nueve millones de pesetas mensuales de beneficio, mientras que repartió entre los implicados 86 millones de pesetas.
Por último, en su auto, el juez considera que la ubicación de la planta de compostaje no fue casual, ya que se instaló en los terrenos propiedad de Técnicas de Limpieza Urbana, cuya administradora única es la esposa de Francisco Antonio Perles, quien mantenía "una estrecha relación con el alcalde Francisco Javier Morató".
