El juez de Emarsa abre juicio oral a Crespo, Cuesta y Roca por defraudar a Hacienda 1,3 millones

Enrique Crespo, en una imagen de archivo
Europa Press - Archivo
Actualizado: lunes, 23 abril 2018 12:20

VALENCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha abierto juicio oral al expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo; al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; y al empresario fugado Jorge Ignacio Roca por defraudar a Hacienda 1.395.798,15 euros con declaraciones de IVA. Se trata de una de las piezas del caso Emarsa.

Estos tres acusados ya han sido juzgados en la pieza principal de Emarsa, en la que se ha investigado un fraude de 23,6 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, y sobre la que se está a la espera de la sentencia.

En esta pieza, los tres acusados se sentarán en el banquillo por cuatro delitos contra la Hacienda Pública --Crespo y Cuesta en calidad de autores y Roca como cooperador necesario--. Así mismo, el juez acuerda abrir juicio a cuatro empresas como responsables subsidiarias: Erwinin S.L.; Printergreen S.L.; Zonday Investments S.L.; y Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos.

El magistrado también acuerda que los acusados presten fianza y, de no ser así, que se les embargue bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir los 1.395.798,15 euros defraudados, más 465.266,05 euros, junto a cada uno de ellos, por importe de 3.300.000 euros como responsabilidad pecuniaria por multa proporcional solicitada, más 1.100.000 euros.

Los años a los que se circunscribe esta pieza van de 2006 a 2009, cuando Crespo era consejero delegado de Emarsa; y Cuesta gerente --estuvo en este cargo desde julio de 2004 a julio de 2010--. Ambos fueron juzgados en la pieza principal por concertarse con distintas personas físicas y jurídicas para que emitieran facturas a Emarsa simulando la prestación de servicios o entregas de bienes, los cuales no estaban siendo prestados o, si lo estaban siendo, lo eran a un precio inferior al que se estaba facturando.

Estos proveedores formaron parte de un conjunto de empresarios o profesionales autónomos que, debido a su vinculación personal o política con los acusados principales, se aseguraron durante estos años unos ingresos sin aportar a Emarsa contraprestación alguna.

Los únicos proveedores que no ingresaron las cuotas de IVA que repercutieron en las facturas emitidas a Emarsa fueron las gestionadas por Roca: Erwinin, Zonday y Printergreen, circunstancia que era conocida por los gestores de Emarsa.

Para evitar el ingreso de las cuotas de IVA que percibieron estas empresas, Roca consignó en sus correspondientes liquidaciones tributarias unos cuotas de IVA soportado irregulares que neutralizaban las repercutidas a su cliente principal, la empresa pública.

MECANISMO DEFRAUDATORIO

El mecanismo defraudatorio empleado por los acusados para sustraer a Hacienda cuotas tributarias consistió en interponer entre Emarsa y las auténticas prestadoras del servicio de gestión de residuos --Adobs y Recuperación y Tratamiento de Biomasa Trabisa-- un nivel de facturación intermedio que permitía incrementar artificiosamente el precio facturado por dicha gestión, aplicándole a la base imponible un tipo de gravamen del 16% cuando a dicha actividad le correspondía el 7%.

De esta forma, los acusados no solo mejoraban la comisión ilícita que Roca les solicitaba por su función de intermediación mercantil simulada, correspondiente al IVA de cada factura, sino que también obtenían una mayor devolución de la cuota tributaria solicita a Hacienda.

En consecuencia, Roca, concertado con Crespo y Cuesta, puso a su disposición tres mercantiles que serían las sociedades que, sin prestar servicio alguno a la empresa pública, se interpondrían entre Emarsa y los verdaderos gestores de residuos para emitir una facturación irregular que permitiese a los gestores de Emarsa deducirse cuotas de IVA soportado ficticias.

En total, la cuantía defraudada durante los ejercicios 2006 a 2009 asciende a 1.395.798,16 euros que Hacienda reclama.