VALENCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un juzgado de lo Mercantil de Valencia ha anulado un trasvase entre cuentas de dos sociedades constructoras del mismo grupo para que Ruralcaja pudiera cobrar una deuda, en un proceso paralelo a la causa penal abierta en otro órgano judicial contra el expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer, el exvicepresidente José Montoliu, el ex director general de la entidad, Juan José Arrieta, y el legal representante del grupo Cosesa, Pascual Serrano, por la inversión de unos vecinos para construir unos aparcamientos en la calle Jesús cuyo dinero no se destinó nunca a este fin.
Así consta en una sentencia dictada por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez estima el incidente concursal promovido por un administrador contra Afrepark S.L., mercantil concursada y perteneciente a Cosesa, y contra Ruralcaja, Cosesa y Pascual Serrano.
Este procedimiento se remonta al año 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero, aunque las obras no se hicieron.
Afrepark entró en concurso de acreedores y durante su tramitación el administrador concursal alertó de un posible fraude en el traspaso de 3.040.000 euros entre las cuentas de Afrepark y Cosesa para que ésta última cancelara una deuda con el banco. Tras enterarse de esta premisa, los compradores presentaron una denuncia ante el juzgado en la que alegaron que esta "fraudulenta" disposición supuso un "evidente perjuicio económico" para ellos, ya que con ello se vació de recursos el préstamo hipotecario que había sido concedido por la entidad a Afrepark para la ejecución del aparcamiento.
Ahora, el juzgado de lo Mercantil, tras examinar el caso, ha decidido condenar a Ruralcaja por haber dispuesto de la cantidad de 3.040.000 euros que la propia entidad bancaria había prestado a Afrepark para la construcción de unos aparcamientos y que no se destinaron a este fin, tal y como se recoge en la sentencia.
El juez estima "absolutamente probado" que el importe de 3.010.000 euros para la construcción de los aparcamientos no fue utilizado para este propósito, sino para cancelar posiciones que la sociedad Cosesa --propietaria del 100 por cien de Afrepark-- tenía con Ruralcaja, y todo ello en fraude del resto de los acreedores.
Así, entiende que resulta de "meridiana claridad" que la amortización de las posiciones de Cosesa utilizando dinero concedido a Afrepark benefició a Ruralcaja en el concurso de la socia única de la concursada, rebajando sus posiciones acreedoras "en claro fraude del resto de acreedores".
"Incuestionablemente --agrega el juez-- se dan todos y cada uno de los requisitos de la acción pauliana --mecanismo de defensa de los acreedores--: existencia de un crédito; celebración por el deudor de un acto o contrato posterior que beneficia a un tercero, proporcionándole una ventaja patrimonial; realización del acto dispositivo por el deudor, con ánimo de perjudiciar al acreedor o de sustraer bienes a la acción del mismo; y carencia por el acreedor de otro medio para el cobro de su crédito". Por ello, la sentencia declara nulos todos los actos relacionados con el citado préstamo, con lo que Ruralcaja tendrá que reintegrar el importe de ese dinero.
POR OTRA VÍA
Este asunto es paralelo a la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, en el que se investiga este trasvase entre cuentas de dos sociedades constructoras del mismo grupo para que Ruralcaja pudiera cobrar una deuda. En este procedimiento están procesados Eduardo Ferrer, José Montoliu, Juan José Arrieta, y el legal representante del grupo Cosesa, Pascual Serrano, por un posible delito societario y otro de apropiación indebida.
La acusación particular solicita una pena de 14 años de prisión para Eduardo Ferrer y José Montoliu. Para Arrieta, esta parte solicita también 14 años de cárcel y para Serrano 20 años. A los cuatro acusados les atribuye un delito de apropiación indebida; otro de insolvencia punible; y un delito contra la Hacienda Pública. Asimismo, esta parte indica que de estos delitos responden también, en calidad de responsables subsidiarios, las entidades Cajamar, Cosesa y Afrepark.
