VALENCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Gobernación y Justicia estudiará diferentes opciones para mejorar las condiciones económicas que perciben los abogados del turno de oficio que representan a un total de 14 acusados en el conocido como 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero de casi 24 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia).
Este departamento valenciano no cierra las puertas a una posible negociación con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) para lograr un consenso sobre las condiciones de estos letrados, quienes cobran una retribución de poco más de 700 euros --siempre que Justicia le reconozca que se trata de un supuesto excepcional-- por tramitar todo el asunto. En caso contrario, su remuneración no ascendería a más de 500 euros.
Así, desde la Conselleria han señalado que la situación de estos letrados es estudiable y revisable, por lo que se abordará la cuestión en la Comisión Técnica Conselleria-Icav prevista para este jueves, según ha podido saber Europa Press.
La idea es buscar un punto intermedio entre lo que solicita el Icav y lo que ofrece la Conselleria de Justicia. En un primer momento, el Colegio remitió una solicitud a este departamento --respaldada con un informe elaborado por el coordinador jurídico del Colegio-- para crear un convenio 'ad hoc' para esta causa que contemplara una mayor retribución para los letrados, tal y como ha ocurrido en otros casos.
El Icav se refería al caso del Prestige, por el que se llegó a un acuerdo con el gobierno autonómico gallego por el que los letrados del turno de oficio recibieron hasta 18.000 euros por asistencia --15.000 euros de su Conselleria y 3.000 euros del Colegio de Abogados--. También se creó un convenio especial para el asunto del 11-M.
Justicia, tras estudiar esta solicitud, decidió rechazarla y se remitió a lo contemplado en la normativa, que indica que la retribución a un abogado del turno de oficio es de 500 euros por tramitar el proceso salvo que se le reconozca que se trata de un supuesto excepcional, que entonces serían unos 700 euros.
El Icav ha presentado un recurso de alzada ante la negativa de la propia Conselleria porque entiende que no todos los casos son igual de complejos y requieren de la misma dedicación. De hecho, este procedimiento sumaba --según los datos de junio de 2013-- 1.444.679 folios, 435 tomos en papel, tres expedientes electrónicos de la Agencia Tributaria con varias decenas de miles de folios más, una pieza principal con 25 imputados --para la que ya se ha dictado auto de procesamiento-- y 10 piezas separadas, a parte de las de responsabilidad civil.
Uno de los abogados del turno de oficio, quien dedica aproximadamente una hora al día a este asunto, aseguraba que con 700 euros por tramitar el procedimiento, en el que se dictan resoluciones prácticamente todos los días y hay un juez y una fiscal destinados en exclusiva, era "complicado" pagar las fotocopias, los viajes a los juzgados u otras asistencias, y que le permita seguir con su trabajo sin acabar saturado.
Ahora, y tras las quejas de los letrados, la Conselleria de Justicia se ha comprometido a estudiar otras opciones para mejorar las condiciones de este colectivo, y será un asunto que tratará este jueves con el Icav, durante la Comisión Técnica fijada para esa jornada.
