VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social considera "incomprensibles e inaceptables" las medidas adoptadas por la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), ya que "afectan a actividades o servicios que no han sido objeto de recorte alguno o, incluso, algunos de los indicados se han visto incrementados notablemente en su retribución en 2012".
Así lo han señalado fuentes de este departamento en un comunicado tras conocer que la junta de gobierno del Icav ha acordado suspender en febrero --sin perjuicio de prórroga-- el Servicio de Orientación Jurídica del Registro Civil, el de Dependencia y el Penitenciario, entre otros, "ante los recortes e impagos" del Consell.
La Conselleria ha expresado su "sorpresa e indignación" ante las afirmaciones del Icav y lo que considera "medidas de presión", al tiempo que ha asegurado que esos servicios "se vienen retribuyendo y así va a seguir siendo".
En concreto, consideran "incomprensible e inadmisible" la suspensión de los Servicios de Orientación Jurídica porque esos servicios se pagan con cargo al 8 por ciento del presupuesto destinado a retribuir el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita. Por tanto, según las mismas fuentes, a principios de 2011 se abonó 1.325.520 euros y "en cuanto se abra el presupuesto de 2012 se abonará, por anticipado, 1.485.520 euros", lo que incluye el coste del Servicio de Orientación Jurídica de todo el año en curso.
Al respecto, desde Justicia han remarcado que "no se adeuda nada" por esos servicios del año 2011, ya que "se pagaron íntegramente y por anticipado a principios del citado año". Es más, han subrayado que "está previsto que en 2012 se paguen 160.000 euros más que el pasado año", lo que supone un incremento del 12,07 por ciento.
En cuanto a la medida de no designar provisionalmente abogado y procurador hasta que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se pronuncie reconociendo el derecho, han señalado que según el artículo 15 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los colegios profesionales de abogados y procuradores "están obligados" a designar con carácter provisional si el ciudadano reúne los requisitos exigidos y, según el artículo 21, en los casos que lo requiera el juez, con independencia de la resolución o no por la Comisión.
Respecto a la suspensión de la obligatoria asistencia al detenido los martes de 10.00 a 14.00 horas, desde la Conselleria sostienen que esa medida es "arbitraria" y "carece de justificación alguna, pudiendo vulnerar la tutela judicial efectiva" que se reconoce a cada ciudadano en el artículo 24 de la Constitución Española.
CESIÓN GRATUITA DE DEPENDENCIAS DE 1.500 M2
Por último, las mismas fuentes resaltan que "no puede obviarse, como adecuadas condiciones de trabajo, entre otras, la cesión totalmente gratuita" al Icav de dependencias cercanas a los 1.500 metros cuadrados en las diferentes sedes judiciales, de las que la Generalitat "asume todos sus gastos de luz, limpieza, vigilancia y mantenimiento".
En cuanto al resto de "medidas de presión" adoptadas, desde la Conselleria esperan "una actitud profesional y responsable de los colegiados y sus representantes, acorde con la legalidad vigente".
