29 de mayo de 2020
28 de septiembre de 2018

El juzgado de Gandia que investiga una presunta financiación irregular del PSPV declara compleja la causa

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia (Valencia) ha acordado declarar compleja la causa en que la investiga una presunta financiación irregular del PSPV, con lo que se amplía el plazo de investigación hasta 18 meses. La causa está abierta por un supuesto delito de malversación y prevaricación.

Así consta en un auto de la jueza, en el que la instructora considera que existe una situación sobrevenida, que no es consecuencia de "desidia" o "inactividad" judicial, que justifica la expansión del plazo de investigación hasta el límite de los 18 meses que establece la ley "toda vez que resulta indispensable la culminación de la fase de instrucción con la ultimación de las diliegencias de investigación aún pendientes". En este caso, la jueza considera que esas diligencias son "sin duda esenciales" para cumplir la finalidad de la instrucción.

La causa partió de la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción número 21 de València que recibió una información por presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y del Bloc, y que remitió a instancias judiciales de Madrid y Benidorm, además del de Gandia, al considerar que no tenía competencia para llevar a cabo esa investigación.

En el caso de Gandia, acordó la inhibición de las actuaciones para conocer hechos relacionados con la compraventa de un local por la Federación Valenciana de Fútbol a la mercantil Mora Gomar SL, subvencionada por el Ayuntamiento de esa localidad. La empresa tiene vinculación familiar con la consultora Crespo Gomar, que trabajó para el PSPV y que está siendo investigada por financiar presuntamente de forma irregular a este partido.

El Ayuntamiento de Gandia, según se desprende a la investigación inicial realizada en el primer juzgado, habría subvencionado la mitad de la adquisición de un inmueble que la Federación de Fútbol de la Comunitat compró en el año 2009 por importe de 525.000 euros, con lo que pagó 257.000 euros.

Ese inmueble, de acuerdo con las anotaciones registrales, inicialmente pertenecía a la mercantil Antoni Gomar S.L., administrada por el padre de Alberto Gomar Pascual, Antonio Gomar Martínez (exteniente alcalde de Gandia).

En 2003, el local se entregó como aportación para la constitución de otra nueva sociedad, Antonio Gomar Martínez S.L., mercantil que se constituyó con participación de una sociedad administrada por Gema Gomar Pascual, hija del exconcejal y hermana del anterior.

En el año 2006, el local se vendió por 280.000 euros a Mora Gomar, empresa administrada por el marido de Gema Gomar, y tres años después lo adquiere por los 525.000 euros la Federación, un precio "muy superior" al de 2006.

Según consta en ese auto de inhibición, teniendo en cuenta la participación del Ayuntamiento en la compra al haber subvencionado la misma por importe de 257.000 euros, el importe del precio, casi el doble por el que fue adquirido, y el propietario del mismo, se entendió pertinente una tasación pericial del valor que en el mercado tenía el local comprado por la Federación en la fecha de su adquisición.

TASACIÓN PERICIAL Y EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

En el momento de la inhibición, estaba pendiente la práctica de la tasación pericial del inmueble y recabar el expediente administrativo de la subvención.

Sobre el resto de causas, la abierta en el Juzgado de Instrucción número 43 de la capital, el pasado mes de julio se acordó el archivo del proceso en el que se investigaba a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ambas ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad en 2008 a la empresa Crespo Gomar.

En la otra causa de Madrid, que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, este mismo mes se ha declarado igualmente compleja. En ella se investigan presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido en 2008 por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar.

En esta causa se encuentra investigado parte del equipo de la exministra Beatriz Corredor, como el que fuera jefe de Gabinete, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el ex subsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer. También están imputados la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor-- y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación.

En la de Benidorm, el juzgado de Instrucción número 1 investiga adjudicaciones de los 'opinómetros' a una empresa igualmente vinculada a Crespo Gomar.