19 de enero de 2021
30 de noviembre de 2020

El juzgado pide al PP información sobre un pago de casi 59.000€ a Carlos Fabra en la causa que investiga su patrimonio

El juzgado pide al PP información sobre un pago de casi 59.000€ a Carlos Fabra en la causa que investiga su patrimonio
Imagen de archivo de Carlos Fabra a la salida de los juzgados - EUROPA PRESS - ARCHIVO

CASTELLÓ, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha requerido al PP que identifique a la persona o personas que autorizaron un pago de tres facturas por valor de 58.920 euros al expresidente de la Diputación provincial Carlos Fabra y a la mercantil ASDECAS SL, entre abril y junio de 2012, en la causa en la que se investiga si el exmandatario 'popular' ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Así mismo, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), entre los investigados que figuran en esta causa se encuentra el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, que fue representante de una mercantil que absorbió a otra que concedió un crédito personal a Carlos Fabra por valor de 1,4 millones de euros con garantía hipotecaria sobre una vivienda del propio expresidente de la Diputación en 2013.

Además, entre otros, también deberán declarar como investigados -aunque todavía no se ha fijado la fecha de las comparecencias- el exadministrador de Becsa Luis Enrique Batalla; Enrique Gimeno (FACSA); el administrador de Reyval, Daniel Vicente Latorre; el exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez y el expresidente de la Cámara de Comercio Salvador Martí.

Según informó en su día el TSJCV, entre los investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.

Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.

El número total de investigados en estas diligencias se eleva ya a 27, incluidos el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.

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