VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), que investiga el conocido como caso Avialsa, ha acordado inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción decano de València en una de sus piezas, concretamente la que afecta a un contrato 'zombie' en la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, cuya gestión también está siendo investigada en el Juzgado número 18 de València.
El exgerente de la empresa pública, Marcos Benavent, investigado tanto en el caso Imelsa como esta pieza, solicitó la inhibición de estas diligencias a favor del juzgado de instrucción 18, petición a la que se adhirieron los otros dos investigados, el exalcalde de Quartell, Francisco Huguet, y el exteniente de alcalde, Emilio Máñez. Estos dos últimos reclamaron también el sobreseimiento de la causa.
El Ministerio Fiscal manifestó su oposición a la inhibición y pidió el sobreseimiento provisional de las diligencias en lo que refería a Benavent, el autodenominado 'yonqui del dinero'.
A Benavent se le decidió investigar después de que Emilio Máñez, mano derecha del exalcalde de Quartell, afirmase en una declaración que cobraba un sueldo de la Diputación sin ir a trabajar a la institución. Durante su declaración el pasado mes de marzo Benavent se desvinculó de las acusaciones y afirmó que llegó a Imelsa cuando ya había ocurrido lo de Máñez, por lo que no sabía nada.
La defensa de Benavent sustentaba la petición de inhibición alegando que en el juzgado que investiga el caso Imelsa se están investigando los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude en la contratación pública, así como falsedad documental, con ocasión de la contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido la actividad laboral efectiva para la citada empresa.
Así, entendía que debía acordarse la inhibición al tratarse de "los mismos hechos y de los mismos delitos". La defensa de Máñez, por su parte, añadía que la competencia territorial de la investigación corresponde a los juzgados de la ciudad de València puesto que el contrato de trabajo de este se suscribió allí, en la sede de Imelsa y de la Diputación de Valencia.
Fiscalía se opuso "al entender que el juzgado de instrucción número 18 de València no investiga ni las mismas personas, ni los mismos hechos ni el mismo periodo de tiempo" dado que aquel investiga una serie de hechos y personas desde agosto de 2007 y no anteriores.
En el auto de fecha 11 de abril, recogido por Europa Press, el magistrado señala que "si bien es cierto que nos podemos hallar ante los mismos delitos, se desconoce si los hechos son los mismos y si se trata de las mismas personas" y además en el juzgado 18 de València la investigación se centra desde que Benavent tomó decisiones en su puesto de gerente.
No obstante, señala que una vez practicadas una serie de diligencias de investigación procede acordar la inhibición a favor del juzgado decano de València, para su reparto al juzgado que le corresponda, puesto que la competencia territorial deberá ir delimitándose a lo largo de la instrucción pero "vistas las declaraciones de los investigados, ningún hecho ha sido cometido en el presente partido judicial", en Sagunto, sino que los contratos de Máñez se firmaron en València.
El magistrado no entra a resolver las peticiones de sobreseimiento interesadas por Fiscalía y por las defensas de Huguet y Máñez, y entiende que no han prescrito los delitos.
