VALENCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular juzga desde este lunes a un guardia civil acusado de pedir 20.000 euros a otro hombre a cambio de no implicarle en unas diligencias policiales y judiciales sobre drogas que no existían. El procesado le pedía esta suma de dinero para emitir un informe exculpatorio suyo.
El agente se enfrenta a una pena de cinco años y ocho meses de prisión por un delito de falsedad documental en documento oficial cometido por funcionario público en concurso con un delito de estafa en grado de tentativa, según consta en la calificación provisional del fiscal.
Así mismo, el ministerio público pide para el agente inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público de funcionario de cualquier categoría en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel Estatal, Autonómico o Local por el periodo de cinco años y ocho meses. Como responsable civil le requiere que pague una indemnización de 4.528 euros a la víctima en concepto de daños morales.
Los hechos que se han comenzado a juzgar este lunes en la Audiencia Provincial de Valencia se remontan a finales de octubre o primeros de noviembre de 2010, cuando el agente, prevaliéndose de su cargo, requirió en diversas ocasiones a la víctima para que le entregara una cantidad total de 20.000 euros.
A cambio, el guardia civil le ofrecía emitir un informe exculpatorio del mismo en el seno de unas inexistentes diligencias policiales y judiciales supuestamente seguidas contra éste por delito de tráfico de drogas, tal y como consta en el relato provisional del fiscal.
Inicialmente, y ante el miedo, la víctima accedió, con lo que el acusado elaboró íntegramente un informe falso y le dio apariencia de ser verdadero. Se lo entregó a la víctima y consiguió que ésta, "atemorizada", le diera una cantidad inicial de 1.000 euros. En ese momento fue detenido por agentes de la Guardia Civil que habían montado el correspondiente dispositivo.
Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo, para cuya sanidad precisó tratamiento farmacológico, con 80 días impeditivos y sin restar secuelas.
