VALENCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Más de 3.000 afectados de la Comunitat Valenciana por los casos Forum y Afinsa tienen previsto acudir este sábado a la macromanifestación que tendrá lugar en Madrid para reclamar "una solución" a su situación y "homenajear a los más de 2.000 compañeros fallecidos en los 21 meses trascurridos desde las intervenciones", según informó en un comunicado la Coordinadora valenciana de Afectados de Fórum y Afinsa.
Las plataformas de perjudicados de las tres provincias de la Comunidad han completado ya 22 autobuses y "son numerosos los afectados que han confirmado que acudirán a la manifestación en sus propios vehículos o a través de otros medios de transporte", según la misma fuente.
Las plataformas independientes de afectados de Forum y Afinsa convocantes, que agrupan a 160.000 de las 460.000 familias perjudicadas por las intervenciones de ambas empresas, tienen previsto congregar en Madrid a 120.000 personas, "lo que convertiría esta protesta en la más numerosa realizada hasta la fecha por los perjudicados".
La subdelegación del Gobierno en Madrid ha autorizado la manifestación que saldrá a las 16.30 horas del sábado de Plaza Moncloa para atravesar la calle Princesa y concluir en la Plaza de España. Los asistentes portarán velas e irán vestidos de negro, ya que tras la manifestación está prevista una misa en una iglesia próxima por los más de 2.000 afectados fallecidos desde que tuvieron lugar las intervenciones en mayo de 2006.
En muchos casos, recordó la coordinadora, "la tensión que supuso perder sus ahorros aceleró sus dolencias y un número importante de afectados sufrieron cardiopatías, entre ellos el responsable de una de las asociaciones vascas de afectados que falleció el mes pasado".
El eslogan escogido para la marcha es '460.000 afectados de Fórum y Afinsa. Justicia y Solución Ya. Estado Negligente: 1979-2006'. Con esta macromanifestación, los organizadores "pretenden hacer llegar a la sociedad la grave situación a la que se han visto abocados con la intervención y exigir al Estado que asuma su responsabilidad por no haber controlado el sector de bienes tangibles que funcionó sin cortapisas durante 27 años y cuya actividad fue publicitada, incluso, por los poderes públicos".
Los afectados consideran que el proceso de liquidación de las empresas "está dirigido", ya que los acreedores "no tienen presencia en la administración concursal, tal y como marca la ley, y a fecha de hoy los jueces de lo mercantil ni siquiera han solicitado una peritación de los sellos que en su día adquirieron".
Las asociaciones independientes, que aglutinan a la mayor parte de los afectados, "temen que la liquidación de ambas empresas se haga a precio de saldo como en el caso Rumasa beneficiando a personas próximas al poder político y haciendo así más gravoso al Estado el pago de las compensaciones que a través de la figura de la responsabilidad patrimonial están seguros que fijará la justicia".
