VALENCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Más de 70 organizaciones políticas, sindicales y ciudadanas han difundido este domingo un manifiesto en apoyo a la Sindicatura de Greuges en el que reivindican que esta institución "no se toca" y critican así la intención del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de "someter a instituciones estatutarias y otras a los recortes que ya vienen sufriendo la mayoría de colectivos y entidades ciudadanas, trabajadores y ciudadanía en general".
En un comunicado, muestran su "inquietud" ante el "déficit democrático" que supondrían los recortes anunciados, que considera "inaceptables e injustos", en el funcionamiento de "una institución estatutaria que defiende los derechos de ciudadanía de todas y todos los valencianos" como es la Sindicatura de Greuges.
Entre los firmantes de ese manifiesto, figuran partidos como el PSPV, Compromís, EUPV o Els Verds del País Valencià, sindicatos como CCOO-PV, UGT-PV e Intersindical Valenciana y múltiples asociaciones de enfermos, de vecinos, de colectivos profesionales, sociales y plataformas en defensa de la ley de Dependencia, entre otros muchos.
En ese documento conjunto, destacan que los datos oficiales de que disponen "avalan la importancia de la labor realizada por la Sindicatura de Greuges, al observar cómo aumentan tanto las quejas como las consultas y actuaciones efectuadas", que han pasado de 10.309 en 2009 a 21.246 en 2010 y, de ahí, a 28.688 en 2011.
"DÉFICIT DEMOCRÁTICO" AL DISMINUIR SUS CAPACIDADES
Así, advierten de que "prescindir del Síndic o disminuir sus capacidades actuales produciría un déficit democrático", al ser "el único cargo nombrado en su totalidad por los dos tercios de las Cortes y el único órgano independiente encargado de velar por los derechos de la ciudadanía valenciana".
Por este motivo, se oponen "radicalmente" a su "desaparición o reducción" y piden que "se mantenga y se le dote de las herramientas necesarias para hacer su trabajo de una manera libre e independiente de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía".
Estas organizaciones reivindican, en este sentido, que "la crisis y los recortes sociales que se están aplicando en Estado Español y el País Valencià no pueden llevarse por delante los derechos de ciudadanía de la población y además la institución que garantiza su defensa ante las administraciones valencianas.
En su escrito, apelan al papel de la Sindicatura de Greuges como "heredera" de los Jutges de Greuges (1409) que, recuperada en el marco del autogobierno valenciano, funciona desde hace casi 20 años.
INSTITUCIÓN "DEFENSORA Y GARANTISTA"
Además, destacan que su misión fundamental es "controlar y exigir a los poderes públicos el cumplimiento efectivo de las leyes y el respeto absoluto a los derechos y libertades que asisten a los ciudadanos y ciudadanas valencianos", por lo que es una institución "defensora y garantista".
"No es un adorno legal sino una institución de gran importancia, tanto simbólica como real, porque refuerza la percepción democrática, proporcionando seguridad y tranquilidad a la población respecto a la buena conducta -legal y transparente- de los poderes públicos", reivindican estas organizaciones.
De hecho, subrayan que "la función de la moderna Sindicatura de Greuges entronca con las tendencias europeístas que aspiran a perfeccionar la manera de gobernar", en lo relativo a cuestiones como el "aumento de la transparencia, normas de buena conducta administrativa y garantías respecto al Estado de Derecho".
Así, los firmantes del manifiesto sostienen que "no se puede concebir una sociedad moderna, libre, democrática y participativa, sin una figura como la del Síndic de Greuges, arraigada en las bases históricas del País Valencià, absolutamente independiente en el ejercicio de su función y no sometida a ninguna otra institución de la Generalitat valenciana".
También defienden que el funcionamiento del Síndic y el Defensor del Pueblo "no supone una duplicidad, ya que ambas instituciones funcionan coordinadamente y no se producen solapamientos ni actuaciones redundantes o reiteradas sobre un mismo asunto o queja".
Es más, aseveran que "la hipotética supresión del Síndic no supondría por tanto ningún ahorro en el gasto público, ya que la necesidad de atender las más de 28.000 actuaciones que ha realizado este año el Síndic de Greuges provocaría que el Defensor del Pueblo estatal tuviera que contratar automáticamente más personal e incrementar sus medios materiales para atenderlas, por lo que el gasto público seguiría siendo exactamente el mismo".
