VALENCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, pidió hoy al Gobierno central "una ley estatal que incremente y mejore la atención que las personas dependientes ya reciben en la Comunitat Valenciana", informaron fuentes de la Generalitat.
De Miguel, que reiteró la voluntad de colaboración del Consell para mejorar un texto que considera "insuficiente", valoró que el Gobierno central incluya en el proyecto de Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia iniciativas puestas en marcha en la Comunitat desde hace años, como las prestaciones a los cuidadores informales, a quienes Bienestar Social destina este año 6,5 millones, o la participación de la iniciativa privada.
Asimismo, la consellera considera "esencial" que el proyecto de ley establezca "un umbral mínimo de renta por debajo del cual los usuarios dependientes no paguen ni un solo euro por la prestación", y también advirtió otras deficiencias que se deden mejorar.
Al respecto, señaló que el 70% del coste de la ley va a tener que ser asumido por las Comunidades Autónomas y por los usuarios, además "no se define nítidamente la cartera de servicios mínima que deben ofrecer todas las comunidades de manera equitativa, no existe una fuente clara de generación de recursos para la atención a la dependencia, no se reconoce de manera explícita la atención a la dependencia como un derecho universal, no contempla un sistema de prevención, y además remite a posteriores reglamentos y al Consejo Territorial en aspectos fundamentales", dijo.
En este sentido, añadió que "nos preocupa" que se regule la atención a la dependencia a través de un convenio anual con cada una de las Comunidades Autónomas, lo que va a suponer "una gran arbitrariedad y no garantiza lo suficiente que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tengan las mismas prestaciones que los ciudadanos de otras comunidades". Por ello, exigió que "se preserve la igualdad de derechos de todos los españoles dependientes a la hora de recibir prestaciones sociales, y que se mantengan los principios de solidaridad y cohesión territorial".
PACTO DE TOLEDO
Por otra parte, la consellera afirmó que la futura ley debe ser "coherente" con el Pacto de Toledo, y apuntó que habría que convocarlo y consensuar el texto en este marco.
Alicia de Miguel señaló que "por responsabilidad, por respeto y compromiso con las personas dependientes", el Gobierno de la Generalitat "va a ser muy exigente con esta ley. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, y a ellos y a sus familiares hemos de ofrecerles la mejor ley posible, una ley que garantice el presente y el futuro de la atención a la dependencia en el conjunto de España", apuntó.
En cualquier caso, De Miguel afirmó que considera "positivo" que el Gobierno central, con su proyecto de ley de Dependencia, "se sume a lo mucho que desde hace años estamos haciendo en la Comunitat Valenciana, atendiendo con amplias prestaciones sociales a las personas dependientes".
Así, dijo que el Consell pone al servicio de los ciudadanos una red de servicios sociales "altamente desarrollada" en forma de prestaciones domiciliarias, diurnas y residenciales, así como prestaciones económicas, atención y reconocimiento a los familiares que cuidan de personas que no se pueden valer por sí mismas. Sólo desde la conselleria de Bienestar Social se destinarán más de 303 millones de euros en 2006 a esta red de prestaciones sociales, con lo que los recursos destinados a la atención a la dependencia registrarán un incremento de un 600% respecto a 1995.
La consellera recordó que el Gobierno de la Generalitat ha elevado el número de plazas residenciales para la tercera edad a más de 22.800, a más de 7.800 las plazas para atención a personas con discapacidad, a más de 17.000 los usuarios de teleasistencia, y a más de 1.500 las plazas de atención a personas con enfermedad mental crónica.
