VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que la entrada en vigor este lunes, 23 de abril, de la nueva Renta Valenciana de Inclusión "consolida la política de rescatar personas puesta en marcha por el Consell del Botànic" y que "garantizará el derecho de toda la ciudadanía a disfrutar de una vida digna".
Según ha informado la Generalitat en un comunicado, este nuevo subsidio incluye mejoras respecto a la actualmente vigente renta garantizada de ciudadanía, como "el incremento del importe de la ayuda, la ampliación y flexibilización de los requisitos para acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática".
Al respecto, Oltra ha manifestado su satisfacción porque, con la nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión "se garantiza, por fin, un derecho subjetivo a una prestación económica que permita cubrir necesidades básicas, como es el acceso a una vivienda o el pago del agua, la luz o el gas, que son cuestiones básicas para tener una vida digna", ha explicado.
Además, ha reivindicado la gestión de la renta garantizada de ciudadanía del Consell del Botànic en estos tres años, "que ha logrado cifras récords de 51.247 personas destinatarias, un 61% más que las que había en 2013", y ha valorado el desarrollo "eficiente frente al realizado por el antiguo gobierno, que fue el que la creó".
De acuerdo a la vicepresidenta del Consell, al acabar 2017 había 51.274 personas destinatarias y la previsión es que esta cifra "crezca entre un 40% y un 50% en el primer año de implantación de la nueva renta", ha expresado.
MODALIDADES
La prestación tendrá carácter indefinido siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción y la renovación se hará cada tres años. Además, amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como los de jóvenes ex tutelados por la Generalitat o con personas a su cargo.
La nueva Renta Valenciana de Inclusión contempla cuatro modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta de garantía y la renta complementaria.
Al respecto, Oltra ha precisado que las que entran en vigor este año son las prestaciones garantía de inclusión social cuyo titular suscribe, voluntariamente, un acuerdo de inclusión social; y la de ingresos mínimos, cuyo beneficiario no suscribe este compromiso.
Con la nueva ley, el importe de la prestación será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas, "una cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25% en el caso de que la persona solicitante requiera ayuda para pagar su vivienda habitual o el suministro energético", ha apuntado. En este último caso las cuantías oscilarían entre los 643,91 euros y los 1.101,86 euros.
OTRAS NOVEDADES
Para Mónica Oltra, una de las novedades más significativas de la nueva ayuda respecto de la anterior es que las personas destinatarias tendrán el acceso directo, "en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más", a otros tipos de ayudas, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.
Por otro lado, ha señalado que la norma "simplifica la tramitación y se ahorra gestión burocrática, de manera que las solicitudes se tramitan a través de los servicios sociales municipales, que serán los encargados de realizar la parte de valoración e intervención con la persona solicitante, mientras que el proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a través de la Administración autonómica".
Para agilizar todo el proceso, además de las mejoras e inversiones realizadas para reforzar los equipos sociales municipales en los últimos años, la Conselleria de Igualdad cuenta este año con una partida de más de 41 millones de euros que van a permitir a los ayuntamientos contratar a 1.573 profesionales.
Paralelamente, se ha puesto en marcha una aplicación informática, creada para su gestión que "por primera vez" permitirá la interconexión entre los servicios sociales municipales y la Administración autonómica.
Asimismo, en las semanas previas a la entrada en vigor de la ley se han realizado desde la Conselleria cursos de formación para todos los trabajadores de los servicios sociales municipales.
Por último, la vicepresidenta ha incidido en que la nueva ley introduce novedades significativas, como la redefinición de las unidades de convivencia, de manera que, ahora, dos unidades de convivencia podrán tener el mismo domicilio, siempre que los servicios sociales así lo consideren.
