VALENCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV y exalcalde de Gandia (Valencia), José Manuel Orengo, ha afirmado que su imputación en relación con las operaciones crediticias "quedará en nada" porque se trata de una cuestión "administrativa, no penal".
Orengo se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido tras ser imputado por el juzgado en relación con una denuncia presentada por el alcalde de la localidad, Arturo Torró, por la supuesta realización de operaciones crediticias sin la correspondiente autorización preceptiva de la Conselleria de Hacienda cuando el actual portavoz socialista en la Diputación Provincial y en el consistorio ocupó el cargo de primer edil gandiense.
Al respecto, Orengo, que ha comparecido en el acto acompañado por la exconcejala de Hacienda, Ana García, también imputada, ha criticado que este caso "responde a una denuncia falsa" donde "han fabricado informes jurídicos, tal y como ya hicieron con el Innova, para denunciar al anterior gobierno de la ciudad", ha lamentado.
Así, según el portavoz municipal, la denuncia se basa en dos informes jurídicos externos al Ayuntamiento, contratados por el gobierno municipal, "que no tienen fecha y que han costado entre 30.000 y 60.000 euros del dinero de todos los gandienses, y a los que no nos han dado acceso ni facilitado ninguna copia".
Una "nueva prueba" de lo que, para Orengo, no es otra cosa que "un intento mal montado para tapar la quiebra financiera del Ayuntamiento, que pide créditos que no son para inversiones y que nos deja en una difícil situación financiera".
Los créditos aprobados por valor de 19.300.000 euros, "nunca por un valor tan elevado como el que asegura el gobierno municipal y que figuraban en el Presupuesto del Ayuntamiento", contemplaban, ha dicho, a diferencia de los actuales créditos, "inversiones para la ciudad en 2009 y 2010, y recibieron autorización de dos informes externos ante el silencio administrativo de la Generalitat".
Un silencio que, tal y como ha recordado la concejala Ana Garcia, "provocó un escrito de amparo al órgano superior, que también, como en los casos de las solicitudes de autorización, nunca se respondió". "Acudimos a informes externos ante el silencio administrativo de la Generalitat", ha reiterado Orengo.
Así, ambos han lamentado que esto suponga ahora un "ataque" a un gobierno que "mejoró la ciudad" y que pretende "hacer ganar tiempo en el actual gobierno para evitar la quiebra". "Sólo se puede ver una cuestión penal en este caso si se fabrica un montaje con dos informes de parte pagados por todos los ciudadanos", ha añadido Orengo. Los concejales socialistas han recordado que dos informes y "multitud" de pruebas materiales, que serán aportadas a la justicia, "avalan la legalidad de un procedimiento que quedará en nada".
