CASTELLÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia ha pedido a la Defensora del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 13/2014 de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sector gasístico, en cuanto a indemnización "por vía de urgencia" al proyecto Castor de almacenamiento de gas.
El colectivo ha explicado en un comunicado que la petición para que se presente este recurso viene dada al considera que "se repercuten las pérdidas de terceros directamente sobre los consumidores" y que la administración "no puede aplicar un sobrecoste en una tarifa cuando no presta ningún servicio público; es decir, no se puede repercutir el coste de un servicio que no se da".
Además, ha indicado que los ciudadanos que en su día contrataron servicios de gas o de electricidad "no tenían en sus contratos ningún apartado que los obligara a asumir una cláusula abusiva derivada de una concesión muy anterior", por lo que "se podrían infringir los derechos de los consumidores y usuarios, así como sobre la competencia en el caso de las empresas que deberán asumir estos nuevos costes en su actividad, según la plataforma".
Con este real decreto ley se está haciendo una "imposición directa de precios, y de condiciones comerciales y de servicios no equitativos, una limitación de la producción y distribución en perjuicio de las empresas, con la imposición "mediante real decreto ley" de unas condiciones desiguales; dada la posición dominante de una de las empresas del sector que será la que repercuta los costes sobre el resto; con prestaciones abusivas aunque los consumidores no recibirán ningún servicio y, a cambio de nada, tendrán que pagar mucho más".
"No queremos pagar las pérdidas de terceros ni la mala gestión de otros que tenían que defender nuestros derechos como ciudadanos. No podemos estar de brazos cruzados ante esta injusticia", ha remarcado la plataforma.
Como consecuencia del decreto, los consumidores, empresas y usuarios de recursos energéticos "deberán pagar la indemnización del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a favor de la empresa ESCAL UGS por una cuantía de 1.350.729 euros", que "se convierten en más de 4.000 millones de euros, si contamos los intereses de los bancos y gastos de mantenimiento de estas instalaciones, que tendremos que pagar entre todos durante 30 años".
Este importe ya ha sido "rápidamente" abonado a la empresa por parte de la administración del Estado, incluso antes de que finalizara el plazo máximo, "una celeridad que no se puede entender sin haber depurado responsabilidades por los terremotos causados, sin conocer los resultados de los famosos informes que había pedido el Ministerio de Industria a dos universidades extranjeras (quizás es que ya los tienen y no los quieren enseñar), y sin esperar a la finalización de la querella que estaría finalizando la Fiscalía Provincial de Castellón porque ya se sabe, cuando interesa hay mucha prisa", ha subrayado la plataforma.
