VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha advertido este miércoles que eliminar el criterio de demanda social en la educación concertada, que contempla el artículo 109.2 de la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), es una "trampa legislativa" que provocará el cierre de aulas concertadas en la Comunitat Valenciana.
Gascó ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, después de que la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, compareciera este martes en la Comisión de Educación y FP del Congreso para dar explicaciones sobre su intención de cambiar este artículo de la Lomce.
Según la diputada 'popular', el criterio de la demanda social es "fundamental para garantizar la pluralidad y que los centros que las familias más demanden no se cierren" y eliminarlo de la Lomce supone un "verdadero despropósito".
En el caso de la Comunitat Valenciana, --donde la Conselleria de Educación ha recurrido la decisión de TSJCV de devolver aulas concertadas a algunos centros en los que no se habían renovado--, Gascó ha advertido que la anulación del citado artículo "supone que en todos los recursos jurídicos que ahora están interpuestos no tendrían la razón las familias porque todo el modelo educativo del señor (Ximo) Puig que está basado en un modelo ilegal por no tener en cuenta la demanda de las familias, se basa en lo siguiente: mientras haya plaza en la pública no tenemos necesidad de concertar".
Según la diputada del PP en Las Corts, la desaparición del criterio de demanda social en la Lomce supondría que "todas esas unidades suprimidas en la Comunitat Valenciana no se volvieran a abrir". En este sentido ha recordado que ya se "han cerrado aulas concertadas y sin ese artículo la justicia no va a poder actuar y las familias no van a poder elegir centro. Es mucho más grave delo que parece y la ministra está mintiendo diciendo que no va a afectar", ha remarcado.
A su juicio, "como saben que el tema está judicializado y saben que las sentencias van a ser firmes en plena campaña electoral han decidido cambiar la fórmula legislativa para no tener que enfrentarse a la justicia. Eso es de ser un cobarde y no respetar la voluntad de la ciudadanía, es hacer mangarrufas legislativas y lo peor de todo, --ha subrayado--, es poner la legislación al servicio de un partido y al servicio de unos intereses ideológicos en vez de al servicio de todos los españoles y de los valencianos".
La portavoz de Educación en el GPP cree que esto es "gravísimo" y que "se están siguiendo exactamente los mismos pasos que se siguieron en la Comunitat Valenciana. El Gobierno de Sánchez va a hacer de la trampa legislativa su forma de gobernar y no estamos dispuestos a admitir algo así porque ya conocemos las consecuencias", ha apuntado,
En este punto, se ha referido al modelo lingüístico para los centros escolares, que según Gascó "el TSJCV le dijo al señor Puig era ilegal" y que "ellos para seguir aplicándolo no renunciaron al fondo, renunciaron a la forma, sacaron un Decreto Ley que seguía sin cumplir la fórmula correcta, pero tampoco renunciaron e hicieron una ley. Es decir, al final utilizan a legislación al servicio del partido y de sus intereses particulares". Y ahora resulta que desde el ministerio van a hacer exactamente lo mismo", ha lamentado.
También la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se ha pronunciado sobre esta cuestión y ha asegurado que es "tremendo, esto cada vez se va pareciendo más a la Venezuela de Maduro y a la Cuba de los Castro que a la libertad y a la democracia representativa".
"Empieza a ser preocupante", ha dicho, para indicar que en la Comunitat hay más de 30 sentencias del TSJ que dicen que la demanda social se tiene que contemplar a la hora de concertar aulas. Considera que el Gobierno quiere "cargarse" esa alusión a la demanda social para "tapar todas las mangarrufas, las tropelías que el señor Puig ha hecho con el derecho a la libertad de educación porque sabe que el TS va a ratificar las sentencias".
Así, "como esas sentencias llegarán en pleno proceso electoral, para que los ciudadanos no vean que tienen un gobierno y un presidente que está empeñado en catalanizar esta tierra, quieren modificar la Lomce y el PP no lo va a permitir".
RONDA CON LAS PLATAFORMAS AFECTADAS
Ante esta situación, la portavoz popular de Educación en Les Corts, Beatriz Gascó, ha avisado que no van "denunciar donde haga falta" la modificación de este artículo de la Lomce y ha anunciado que van a iniciar una ronda de contactos con todas las plataformas afectadas y con todas las familias para visibilizar las consecuencias. "No vamos a consentir que se juegue con la libertad de las familias por intereses electoralistas", ha insistido
Por otra parte, la diputada ha criticado el "optimismo" del president de la Generalitat, Ximo Puig, ante el inicio de curso escolar la próxima semana, Gascó ha criticado que el programa de infraestructuras 'Edificant' de la "solamente ha construido 15 centros en toda la legislatura", que "10.000 niños van a empezar este curso en barracones" y las "desigualdades" que a su entender ha generado el programa de libros de texto gratuitos Xarxallibres "porque ahora hay niños con material defectuoso y niños con material nuevo".
Según Gascó, "la actitud triunfailista del señor Puig en cualquier tema de eduación es para hacérselo mirar pero claro, cuando se dedica uno más a 'fer país' que a 'fer col·legis' pues evidentemente tenemos un problema y grande", ha concluido.
