VALENCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El PP aprobó hoy en la comisión de Industria de las Corts Valencianas una enmienda transaccional al proyecto de ley de creación de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVEP) por la que se dejará de exigir el requisito del grado de doctor para las personas encargadas de la coordinación de las áreas técnicas de este organismo y se requerirá en su lugar una "reconocida competencia profesional" en el ámbito de actuación.
En virtud de esta transaccional, aprobada con los únicos votos favorables del grupo popular, la ley establecerá que la presidencia de la AVEP nombrará, a propuesta de la Dirección General, a las personas responsables de las áreas técnicas "entre personas de reconocida competencia profesional en la materia que coordinen", en lugar de "entre el profesorado de los cuerpos docentes universitarios con grado de doctor", como figuraba inicialmente en la norma.
El PP introdujo este cambio a través de una enmienda transaccional a otra enmienda que había presentado al texto y que ampliaba el abanico de personas que podían encargarse de la coordinación de áreas técnicas a miembros de los cuerpos universitarios, de organismos de investigación o de personas de reconocida experiencia.
El portavoz adjunto del grupo popular Rafael Maluenda señaló que el cambio que prosperó hoy en la comisión de Industria obedece a un acuerdo alcanzado por la conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia con los representantes empresariales y los institutos tecnológicos.
La comisión aprobó 12 de las 96 enmiendas presentadas a este proyecto de ley, de las que sólo tres pertenecen a la oposición, y no implican ningún cambio sustancial de texto, y el resto son modificaciones del PP.
Entre las enmiendas pertenecientes al PP, se incorporó una por la que el director general de la AVEP será nombrado a propuesta del presidente de este órgano, oído el comité de dirección, gozará de la "reconocida competencia profesional e integridad necesarias" para el buen ejercicio de las funciones propias de la agencia, y tendrá un mandato de cuatro años que podrá prorrogarse por periodos de la misma duración.
El PP rechazó, sin embargo, las enmiendas de la oposición que pedían la eliminación del sometimiento de esta agencia al derecho privado y la configuración de la AVEP como organismo totalmente autónomo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
La parlamentaria popular Mercedes Alonso defendió que la constitución de la AVEP como entidad de derecho público sometida al derecho privado trata de "evitar la rigidez de la Administración", que "haría inoperante" su funcionamiento, y remarcó que este organismo estará controlado por la Sindicatura de Comptes.
La diputada socialista Amparo Marco señaló que el proyecto de ley no garantiza la independencia de los órganos que participan en la evaluación, la objetividad y publicidad de los métodos empleados o la imparcialidad de sus órganos de gestión.
"NIDO DE ENCHUFISMO"
Marco denunció que, tal y como está configurada, la ley supone "otro instrumento más para saltarse a la torera" los controles que establece el derecho público y para "convertirse en otro nido de enchufismo e ineficiencia administrativa y política".
El diputado de EU-Entesa Ramon Cardona denunció que el proyecto de ley favorece la "arbitrariedad" de la Administración pública y permite que el conseller "pueda hacer prácticamente lo que le dé la gana", ya que "lejos de preservar la independencia" de esta agencia, "la hace más dependiente de recursos privados".
Cardona reclamó también la introducción de medidas para garantizar su independencia, entre ellas su creación como entidad autónoma de carácter administrativo y también pidió una mayor participación de las universidades en su funcionamiento.
El PP desestimó además las enmiendas del PSPV que pedían ampliar las funciones de este organismo a la facultad de emitir propuestas de mejora de la calidad de los servicios de las universidades públicas, de evaluar al profesorado doctor de las universidades privadas o de informar a la Administración respecto a los planes de creación de universidades y de modificación o supresión de centros y enseñanzas.
