El PP exige prorrogar hasta tres años los contratos de sanitarios y una auditoría de las residencias

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, durante su intervención en el debate
La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, durante su intervención en el debate - Rober Solsona - Europa Press
Actualizado: martes, 22 septiembre 2020 15:40

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP presenta al Debate de Política General una batería de propuestas como blindar por ley el presupuesto de sanidad sin "desviar" recursos, prorrogar hasta tres años los contratos realizados durante la pandemia o test periódicos a profesores. También exige una auditoría de las residencias y paralizar la reversión de concesiones "de los hospitales que funcionan" porque la prioridad es combatir el coronavirus.

Las medidas se discuten este miércoles en la segunda jornada del debate en Les Corts y se votan el viernes, una sesión que los 'populares' encaran poniendo el acento en sanidad, educación y economía. Son medidas "sencillas y muy claras", ha avanzado la síndica, Isabel Bonig, en declaraciones antes de la junta de portavoces.

El PPCV se muestra "muy preocupado" por la caída de la economía de la que alerta el Banco de España y exige al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que no espere a la llegada del fondo de reconstrucción europeo porque "la gente tiene que vivir".

En sanidad reclama que los contratos de los trabajadores realizados durante la pandemia se prorroguen dos o tres años, como en otras comunidades, y no seis meses como anunció Puig este lunes. También pide una dirección general de Atención Primaria en lugar de la nueva comisionada, resolver el problema de los MIR --en huelga desde julio--, un mínimo de diez minutos para cada consulta y un programa de investigación pública para estudiar daños colaterales del virus.

Algunas de sus propuestas reiteradas durante los últimos meses son la realización de test masivos, con un plan permanente y tanto en sanidad como en residencias y centros educativos "como están haciendo la OMS, Alemania e Italia", y la implantación de la enfermera escolar.

También en educación, el PP plantea un programa para compensar la pérdida de clases desde marzo, distribución gratuita de mascarillas y geles, un plan contra la brecha digital facilitando herramientas a alumnos y profesores, una nueva ley de conciliación para padres, "asegurar que no se impondrán tareas distintas de las pedagógicas" y un calendario "claro y público" del plan 'Edificant'.

Otras de sus peticiones son recuperar el Bachillerato de Excelencia, garantizar la continuidad de los centros concertados, establecer un arreglo escolar en base a la demanda, recuperar el distrito único y eliminar áreas de influencia para el próximo periodo de escolarización.

En relación a la lengua reclama garantizar el derecho de elección de los padres con "inclusión plena y sin imposición de asignaturas no lingüísticas en valenciano" en zonas castellanoparlantes, junto a una comisión para cambiar la Ley de Plurilingüismo de 2018 y que los centros puedan establecer horas de idiomas sin límites. Y para las universidades pide un fondo de 150 millones adicionales para becas de matrícula y excelencia.

PCR CADA 15 DÍAS EN RESIDENCIAS

En servicios sociales insta a que la Generalitat haga una auditoria de las residencias para impulsar un sistema de alerta temprana, corredores seguros y PCR cada 15 días, además de una nueva atención domiciliaria, una ley de protección integral de los mayores y un plan de apoyo a la natalidad.

Por otro lado, el PP propone un "gran acuerdo por el municipalismo" con una línea específica para que los ayuntamientos afronten la pandemia y rechaza la fiscalidad 'verde' por la que aboga el Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem), ya que recuerda que "Puig se comprometió" a no implantarla. Plantea, por contra, potenciar la implantación de energías renovables para generar "empleo verde" y reducir la burocracia.

FINANCIACIÓN JUSTA Y NO TOCAR IMPUESTOS

A nivel nacional, propone cambiar el modelo de financiación autonómica por uno "justo" con la Comunitat y un fondo transitorio no reembolsable hasta entonces de 1.336 millones, así como un reparto "racional" de las inversiones y el reconocimiento de la deuda histórica. Para ello quiere que se convoque inmediatamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) monográfico.

En impuestos, el PP quiere que el Gobierno no suba ninguno ni cree nuevos, así como que bonifique al 99% el de sucesiones y donaciones y reduzca el de transmisiones patrimoniales al 6%.

También exige el pago de la deuda sanitaria por los desplazados, "no tocar las pensiones", que garantice que "no congelará" el salario de los funcionarios y que mantenga los ERTE en las condiciones actuales "por lo menos hasta abril de 2021", de la mano del cumplimiento tanto del plan de Cercanías como del Tren de la Costa y el Corredor Mediterráneo.

En economía urge a un plan de impulso dotado con 600 millones de euros: 200 para generar empleo, 170 para la consolidación de la industria, 150 para compensar las pérdidas del turismo y garantizar su futuro y 100 en ayudas a "todos" los autónomos. Otra de sus peticiones es una cuota 'cero' para nuevos autónomos el primer año, subvencionada por el Consell.

ASISTENCIA INMEDIATA CONTRA OKUPAS

Contra la okupación, el PP apuesta por un teléfono de asistencia inmediata a familias víctimas de allanamiento y usurpación de viviendas, financiar la ampliación del parque público en colaboración de empresas y medidas urgentes de desalojo. También propone triplicar las ayudas al alquiler y que las de rehabilitación del plan 'Renhata' pasen de cinco millones a 15 en 2023.

Para ayudar al campo pide un plan contra las plagas con indemnizaciones para los trabajadores, cinco millones más para los seguros agrícolas, que el Consell declare que los trasvases son "irrenunciables" e instar a la creación de un banco nacional del agua, junto a un plan de regeneración de aguas residuales.

Y para reducir el gasto y el tamaño de la administración, el grupo 'popular' reclama reducir los altos cargos de la Generalitat en un 30% y eliminar siete consellerias. Otras de sus peticiones son un plan de refuerzo extraordinario de la justicia valenciana y más juzgados específicos de violencia machista.

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