VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Educación del PP en las Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha advertido este sábado que "la ley del plurilingüismo abre las puertas de los colegios a entidades nacionalistas afines a Compromís" y "fuertemente ideologizadas, cuya finalidad es imponer las ideas nacionalistas en los menores a través de la imposición lingüística, como Escola Valenciana o ACPV", que "van a tener barra libre en los centros escolares, pues la nueva ley ampara sus actividades".
La 'popular' ha lamentado en un comunicado que "la ley permite la opción de que, a partir de ahora, entidades culturales 'de reconocido prestigio' puedan colaborar con los centros y que estos puedan adoptar medidas de cooperación con la finalidad de fomentar el aprendizaje de las lenguas".
La nueva normativa, según ella, "también recoge que los colegios promuevan el apoyo en organismos y entidades para la dinamización de la acción plurilingüe", en la disposición adicional tercera.
"Hasta ahora, cualquier persona ajena al centro tenía prohibida la entrada a un colegio. Ahora se les abre la puerta a quien se considere para, según dice la ley, 'mejorar las relaciones del centro con el entorno y conseguir los objetivos' de imposición monolingüe del valenciano", ha criticado.
La diputada del PP ha puesto el foco en que "incluso se establece que desde la administración y los centros se puedan destinar fondos públicos a repartir material didáctico y adoctrinador en las escuelas".
UN "ENGAÑO A LOS VALENCIANOS"
Para Gascó, la ley es un "engaño a los valencianos". "Parece mentira que estén legislando con trampas porque en cada artículo se esconde una triquiñuela para permitir imponer sus ideas sectarias". ha apostillado.
La dirigente 'popular' ha señalado que "esta ley no representa el sentir de la comunidad educativa y la margina". "No es libre, voluntaria ni abierta porque solo representa a una minoría nacionalista. Estamos en contra del engaño a la gente y del adoctrinamiento catalanista", ha aseverado.
En la misma línea, la portavoz de Educación ha mostrado su "disconformidad total" con los fundamentos de la ley, ya que "se sustenta en teorías pedagógicas inexistentes, en informes desconocidos de universidades, extrapolaciones de sentencias del TS de Cataluña y encuestas con datos estadísticos sesgados que no representan a los alumnos a los que va a afectar esta ley", ha remarcado.
En este sentido, ha afirmado que los "fundamentos jurídicos son los mismos en los que se basó el decreto del chantaje lingüístico que acabó suspendido por el Tribunal Superior de Justicia". "Le auguramos el mismo final", ha añadido.
Beatriz Gascó ha subrayado que, "entre otros errores, se dice que el valenciano es la lengua propia de todos los valencianos, algo que no es verdad, pues es la lengua cooficial de todos los valencianos". "Se les olvida la importancia de permitir que se pueda estudiar en la lengua materna", ha recriminado.
"INTENCIÓN MANIPULADORA"
A su juicio, "hay una intención manipuladora y sesgada para intentar dirigir la forma de pensar de la gente". "Incluso señala cómo tienen que hablar los alumnos fuera de las aulas, cómo tienen que hablar entre ellos, no recoge excepcionalidades, dando por hecho que el cien por cien tiene que ser en valenciano, y legislando también sobre el valenciano en las extraescolares, cuando es un ámbito en el que la administración no tiene competencias", ha manifestado.
"Son ejemplos claros de lo que supone esta ley de imposición y de atropello de las libertades de los padres. La norma prohíbe la pluralidad y la libertad de cátedra y está llena de cuestiones subjetivas para que cada centro pueda hacer lo que dé le gana sin tener en cuenta la opinión de las familias, evitando evaluaciones externas de castellano como ocurre en Cataluña y amparando cuestiones que hasta ahora eran ilegales como la venta de boletos de Escola Valenciana en el centro, o la obligación de acudir a les 'trobades'".
Por último, la 'popular' ha mostrado su apoyo a la recogida de firmas para frenar la ley porque "es una ley hecha de espaldas a la comunidad educativa, ilegal, que obvia las peticiones de docentes y estudiantes, y coarta la libertad de las familias". "Está condenada al fracaso", ha zanjado.
