VALENCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa, instó hoy al Gobierno central a "tomar nota" de la política que en materia judicial está poniendo en marcha el Gobierno valenciano, al tiempo que le retó a "seguir el ritmo de inversión y eficacia del PP para evitar los daños colaterales provocados por la dejación de funciones del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comunidad en esta materia", según informaron fuentes de este partido.
Pedrosa subrayó que la apuesta decidida del Ejecutivo valenciano encabezado por Francisco Camps por alcanzar una "justicia ágil, eficaz y próxima" se materializa en "datos reales y no en promesas incumplidas" ya que "en sólo dos años, se han puesto en marcha una treintena de juzgados, --para lo cual se ha invertido unos nueve millones de euros--, a los que se suman los nueve órganos judiciales previstos para este año".
En esta línea, recordó que el Ejecutivo valenciano "ha elaborado una programación de carácter plurianual que determina las necesidades de creación de nuevos juzgados en la Comunidad, una propuesta que fue remitida al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, hace dos años, en la que se incluía la creación de 90 unidades judiciales para actualizar la administración de Justicia a las necesidades reales de la Comunidad".
Al respecto, señaló que el "ambicioso" Plan de Infraestructuras Judiciales, que cuenta con una inversión que sobrepasará los 311 millones de euros, es un "seguro para los valencianos" que constatan la apuesta real y decidida del Gobierno popular. Para Pedrosa, "el PP ha puesto en marcha una nueva etapa en materia de Justicia en la Comunidad Valenciana, porque es más ágil, más eficaz y más social que antes".
Así, recordó que con el Gobierno de Camps se crearon 17 Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, cifra a la que se suma las diez que entrarán en vigor este año. "Este esfuerzo --añadió Pedrosa-- contrasta con la irrisoria aportación de la etapa socialita", una etapa que tildó de "negra" porque "se crearon sólo 4 oficinas".
En este contexto, lamentó la negativa del Gobierno central de dotar con suficientes juzgados de violencia sobre la mujer y nuevas infraestructuras judiciales a la Comunidad Valenciana y, al respecto indicó que "mientras nosotros cumplimos con la sociedad, ellos vuelven a negarnos los medios suficientes para afrontar las demandas sociales".
Pedrosa añadió que "el hecho de que sólo autoricen la creación de cuatro de los 10 órganos judiciales propuestos muestra una vez más la indiferencia del Gobierno hacia la Comunidad Valenciana y su progreso". Según afirmó, el Ejecutivo valenciano "diseñó una completa hoja de ruta para que Zapatero cubriera las necesidades de la Comunidad" las cuales, en su opinión, "han sido desatendidas en un 60 por ciento".
Asimismo, la secretaria general de los populares valencianos retó a Rodríguez Zapatero a demostrar que tiene "voluntad política para agilizar los procesos y eliminar los colapsos de las administraciones competentes" y a "convertir en realidades lo que predica con palabras porque para afrontar el problema en la Comunidad son necesarios siete nuevos órganos judiciales comarcales y otros tres dedicados exclusivamente a estos asuntos".
En esta línea, apuntó que el Gobierno valenciano "ha trabajado siempre por alcanzar una respuesta diligente, rápida y eficaz que ahora Zapatero quiere poner en riesgo con un propuesta irrisoria", al tiempo que añadió que "la política del Gobierno valenciano y del Gobierno central son como el día y la noche: frente al abandono socialista, la diligencia popular".
De este modo, afirmó que, ante este problema social, "no valen excusas ni salidas por la puerta de atrás, valen medidas efectivas como la propuesta planteada entre la conselleria de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que ha sido elaborada sobre criterios objetivos atendiendo al número de asuntos, la distancia geográfica y la población".
Por último, indicó que Zapatero "tiene que cumplir en Justicia y en Seguridad", al tiempo que le reiteró la "necesidad" de "que cumpla el acuerdo suscrito en 2002, entre la Generalitat y el ministerio del Interior, que establece la incorporación de hasta 500 agentes de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana, y de los que aún que quedan por destinar 231".
