Marí califica de "temerarios" a Fabra y Rus por "permitir" que Crespo "continúe gestionando dinero público"
VALENCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Ramón Marí, considera que las fianzas solicitadas este lunes por el juez demuestran que "el saqueo no fue solamente de los 17 millones de euros que la empresa debía cuando se liquidó, sino que superó ampliamente los 40 millones de euros en la etapa de Crespo como nosotros vaticinamos".
El juez instructor del 'caso Emarsa', en el que se investiga un agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo de Valencia ha dictado un auto en el que fija una fianza conjunta de 25 millones de euros para el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo, y para el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan en su día declararse procedentes.
En un comunicado, Marí ha exigido que el "saqueo" a la depuradora de Pinedo "lo paguen quienes lo cometieron y no los vecinos y vecinas a través del recibo del agua. Por eso estamos luchando en todas las instancias y no pararemos hasta que se condene a los culpables".
Marí ha recordado que su formación inició el proceso "cuando tuvimos indicios de lo que había pasado: acudimos a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y exigimos a la Emshi la interposición de una querella. Gracias a la instrucción judicial hoy conocemos muchas más cosas y sabemos por qué Enrique Crespo nos ocultó tanta información y puso tantos problemas a la presentación de la querella".
El también diputado provincial y alcalde de Albal ha calificado de "temerarios" a Alberto Fabra y Alfonso Rus por "permitir que una persona como Enrique Crespo continúe gestionando millones de euros de dinero público desde la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Manises con un currículum como el que tiene, habiendo sido el máximo responsable de Emarsa en la época del saqueo".
Marí ha exigido de nuevo su cese, y ha apuntado que "las responsabilidades penales las decidirá un juez, pero las políticas hace tiempo que han quedado claras".
