VALENCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia pide 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para cargo público para el vicealcalde, Alfonso Grau, por los contratos para que el Instituto Nóos organizara los Valencia Summit. Asimismo, reclama otros 11 años de prisión para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y para su socio Diego Torres como "beneficiarios directos de esta operación".
Así, lo ha anunciado este lunes el portavoz del grupo municipal socialista, Joan Calabuig, en rueda de prensa para informar del escrito de acusación, de más de 100 páginas, que presentarán en el 'caso Nóos', donde ejercen la acusación popular, en el que piden 8 años de cárcel y 20 años de inhabilitación para Grau a quien atribuyen, como presidente de la Fundación Turismo Valencia, la comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, más otros tres años de cárcel y diez años de inhabilitación por un presunto fraude contra la administración.
El dirigente del PSPV ha apuntado en rueda de prensa que no están "orgullosos" ni sienten "alegría" ni "satisfacción" pero que se han visto obligados a personarse en la causa para "poder defender los intereses de esta ciudad, después de que el Gobierno de Rita Barberá se negara a hacerlo". "Nuestro planteamiento es coherente y razonable, no alocado, porque no podíamos dejar desguarnecida la ciudad", ha defendido.
Asimismo, ha señalado que Barberá debería estar imputada "como responsable política última" al igual que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, pero ha lamentado que, por un "subterfugio legal", al ser aforada, haya conseguido "impedirlo" lo que, a su juicio, aunque "sea legal es injusto".
Además, ha señalado que se han visto "reforzados" en este criterio por el autor de la Audiencia de Palma en el que "dejaba claro" que era "precisamente Barberá quien había impulsado claramente todo este proceso, quien había orientado las decisiones y quien había dado las instrucción concretas", por lo que ha pedido su dimisión y que convoque elecciones anticipadas.
Asimismo, los socialistas reclaman una responsabilidad solidaria para Urdangarin, Torres y Grau de 1.566.000 euros, que se corresponde con el dinero que la trama investigada cobró de la fundación y que el juez podrá fijar en qué cuantía deben hacerle frente en función de su grado de participación.
Calabuig ha insistido en que su "legitimación es exclusivamente defender los intereses de los ciudadanos de Valencia". Por ello, ha aclarado que no han entrado en las acusaciones hacia los cuatro exdirectivos de la Generalitat aunque "guarda actuaciones muy similares" ni con la infanta Cristina, porque "sólo está imputada por un delito fiscal que es algo que atañe a la Hacienda pública y a esta señora".
CONTRADICCIÓN
Sin embargo, considera que existe "una cierta contradicción" en la postura de la Fiscalía sobre Grau porque tras sumarse en un principio a las acusaciones en su último escrito no aprecia indicios de delito. Así, ha lamentado esta postura cuando un alto funcionario en representación de la Intervención General del Estado, citado a declarar por el propio ministerio público, dejó "claramente establecido que la Fundación era de carácter público" y "dijo que era ilegal y un fraude de ley, todas las cosas por las que pensamos que se debe imputar a Grau"
En cualquier caso, ha insistido en que en este proceso "el único responsable no es Grau" a pesar de que "es verdad que él ha querido asumir su responsabilidad y, hasta ahora, ya veremos en el proceso, no ha querido explicar de dónde venían las órdenes y las instrucciones". "Hubiera sido mejor para él haberlo hecho pero es una decisión personal", ha constatado.
Por su parte, la abogada Sandra Gómez ha explicado que atribuyen la presunta comisión de un delito de que prevaricación porque en lugar de haber suscrito un contrato de prestación de servicios, que era al final la organización del Valencia Summit, lo que se hace es un convenio de colaboración".
De este modo, se pretende "eludir los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad y precio cierto y justo" ya que con este convenio "se obvia informes económicos que justifiquen la viabilidad del precio era el adecuado, se evitar hacer un informe sobre si era de interés público financiar este evento y se evitar asimismo que cualquiera dedicado a la organización de eventos pudiera haberse presentado al concurso.
A FONDO PERDIDO
Gómez ha apuntado que resulta "evidente" la malversación puesto que "todo el dinero que se dio al Instituto Noós por parte de CACSA y de la Fundación Turismo Valencia provenía de las arcas públicas valencianas, ya fueran de las autonómicas o de las locales". Sin embargo, ese dinero público se dio "sin que se fiscalizara ni se controlara su gasto, sino que se dio a fondo perdido". En ese sentido, ha explicado que esta falta de control "no lo permite en ningún caso la Ley general presupuestaria, ni la Ley de contratos del sector público" ya que "todo el dinero público debe ser controlado, gestionado y finalizado y nada de eso se hizo".
De hecho, ha señalado que el propio Grau, en las respuestas dadas en el pleno, señaló que entendía que "ese dinero público ni siquiera le importaba a qué iba a ser gastado" y que entendía que "eso a él no le debía preocupar". "Esta actitud cuanto menos contraviene la responsabilidad que tiene que tener todo gestor público como garante de los fondos públicos", ha refutado.
Asimismo, ha explicado que la imputación de un delito de tráfico de delito proviene de una doble dirección. De un lado de que Urdangarin "influyó en las Administraciones públicas para que le dieran el evento del Valencia Summit aprovechándose de su condición de yerno de su Majestad el Rey".
De otro lado Grau "aprovechándose de su condición de vicealcalde influye en la voluntad de los patronos para que aprobaran un evento sin dar apenas explicaciones de en qué consistía ni cuánto iba a costar y sin dar la oportunidad de que pudiera haber más ofertas". De hecho, ha apuntado que la patrona Gabriela Sales en su declaración manifestó que "no se la informó absolutamente de nada e incluso que le hubiera gustado concurrir".
ACUERDO VERBAL
Por último, la acusación del delito de fraude a la Administración obedece a que es "evidente" que "existe una concertación entre los socios del Instituto Noós, el Duque de Palma y su socio, y entre Rita Barberá y Francisco Camps para que "darles un contrato eludiendo un procedimiento administrativo" al tratarse de "un acuerdo verbal" al que se llegó supuestamente en el Palacio de la Zarzuela en una reunión que mantuvieron entre los cuatro cuando la Ley de contratos del sector público "prohibe que cualquier adjudicación pueda darse de forma verbal".
Dentro de esta concertación es cuando posteriormente participa Grau "al concertarse con Luis Lebón, entonces secretario autonómico de Grandes Eventos, y trasladar ese acuerdo verbal a las entidades Fundación y Cacsa, que eran entidades instrumentales para llevar a cabo estos eventos".
La letrada ha explicado que se eligen estas instituciones porque "eran entidades que a pesar de ser públicas, porque recibían sus fondos de dinero público, no tenían ningún tipo de control ni fiscalización como fue denunciado por la propia Sindicatura de Cuentas y por la Intervención General del Estado".
"Son un fraude de derecho público porque se utilizan como fuga de escape de dinero público para eludir los controles de fiscalización", ha señalado. Por ello, ha insistido en que "no fue casualidad" que la elección de estas entidades porque son las que "ellos entendían que podían manejar más y tenían una actividad más opaca y poder dar al Instituto Noós todo lo que solicitaran sin control", ha apostillado.
