Critica la "falta de colaboración" de Igualdad, la que menos contesta, que "no favorece para nada al prestigio de la institución"
VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La supresión de unidades concertadas de bachillerato en centros educativos de la Comunitat Valenciana y la "disconformidad" con el nuevo modelo lingüístico educativo generaron 5.765 quejas al Síndic de Greuges en el pasado ejercicio de 2017, mientras que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra fue la administración que más peticiones de información de esta institución no contestó o lo hizo con cuatro meses de retraso, lo que obligó a dictar resoluciones sin su respuesta.
Así consta en el informe anual de 2017 de la institución que este miércoles, el Síndic Mayor, José Cholbi, ha entregado al presidente de Les Corts, Enric Morera, y que, posteriormente ha presentado a los medios de comunicación acompañado por los síndics adjuntos, Carlos Morenilla y Ángel Luna, quien ha afeado al departamento de Oltra su "falta de colaboración", lo que, a su juicio, "no favorece para nada al prestigio de la institución".
El documento recoge que en el pasado ejercicio se llevaron a cabo 30.136 actuaciones en defensa de la ciudadanía, de las cuales 17.544 corresponden a quejas tramitadas por la institución, 39 fueron de oficio, y 12.592 a consultas atendidas por la Oficina de Atención a la Ciudadanía. En cuanto a la procedencia, el 1,36 por ciento, unas 235 quejas, fueron en la provincia de Castellón; el 35,99%, 6.241, en la de Valencia y el 62,65%, 10.863 en la de Alicante.
Respecto a las principales quejas, el 59% de los problemas que investigó el Síndic en 2017 estuvieron relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del estado de bienestar como la educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, vivienda o igualdad. En concreto, es el ámbito de la educación el que concentra el mayor número de quejas, con un total de 6.661, de las que 5.147 corresponden a acciones por la supresión de las unidades concertadas en bachillerato y 618 por la "disconformidad" con el nuevo modelo lingüístico.
No obstante, también las hay por la atención "deficitaria" a menores con necesidades educativas especiales o por la falta de personal para solventar los problemas de higiene en aulas de 3 años.
En materia de Medio Ambiente, la institución tramitó un total de 2.891 quejas, de las que 1.322 fueron por el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Tabarca y 341 estuvieron relacionada con los problemas del ruido en el barrio de Russafa de València, mientras que en el área de sanidad se recibieron 2.290 quejas, 1.183 por la falta de desfibriladores en instalaciones deportivas y otras relacionadas con las listas de espera o las infraestructuras sanitarias.
En materia de dependencia, las quejas por la aplicación de la ley alcanzaron las 937 y las más habituales se refirieron a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones reconocidas en la norma o con el retraso en la grabación de solicitudes. También fueron frecuentes las quejas en materia de responsabilidad patrimonial por fallecimiento de solicitante de la declaración de dependencia.
Las quejas en servicios locales llegaron a las 937; en empleo público fueron 338; en servicios sociales se recibieron 281, especialmente por retrasos en valoración del grado de discapacidad o por la renta garantizada de la ciudadanía, mientras que urbanismo acumuló 279 quejas; hacienda pública, 157 por temas relacionados con los tributos gestionados por los ayuntamientos o la administración autonómica; y vivienda concentró 133, principalmente por demoras en el acceso a inmuebles públicos por parte de los colectivos más desfavorecidos.
CRÍTICAS A OLTRA
Por otro lado, el informe señala el grado de colaboración de las administraciones públicas valencianas con la institución y aunque Cholvi ha destacado que en general es "muy elevado y satisfactorio", ha hecho notar que hay 13 administraciones que no han contestado a sus peticiones de información en varios requerimientos, lo que ha obligado al Síndic de Greuges a dictar resoluciones sin conocer el parecer de la administración denunciada. También hay otras que no han dado respuesta a sus recomendaciones.
Entre ellas se encuentra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que en 133 quejas no ha contestado y en 95 resoluciones no ha respondido a las sugerencias o recordatorios del Síndic.
Al respecto, Ángel Luna ha considerado "sorprendente" el comportamiento del departamento de Oltra por el "elevadísimo número de casos que no ha respondido a la petición de información o lo ha hecho pasados cuatro meses desde que se solicitó" y también por el "elevado número que no ha respondido a las resoluciones del Síndic".
A su juicio, esta situación supone "una falta de colaboración con el Síndic que no favorece para nada el prestigio de la institución". "La fuerza de nuestras resoluciones está en la cualidad de las mismas, en el prestigio público y el respaldo que le den Les Corts, si las propias instituciones no colaboran con el Síndic evidentemente el prestigio de la institución decae", ha lamentado.
En este sentido, ha explicado que han recibido escritos de ciudadanos que "se lamentan" de que "no solamente la Conselleria no les contesta a ellos, sino que ni siquiera contesta al Síndic" o contesta pasados cuatro meses, ha reprobado.
"TEMA DOBLEMENTE GRAVE"
Luna ha advertido de que esta cuestión es "doblemente grave" porque en la mayoría de los casos son respuestas "absolutamente estandarizadas" lo que, a su juicio, "justifica menos, si es que hubiera alguna posibilidad de justificar, que no se conteste en plazo". "hay respuestas que son complejas que se puede entender que se tarde en contestar, pero cuando se hace una respuesta estándar en la que lo único que cambia es el nombre de la persona no es posible de entender que se tarde cuatro meses".
Ha explicado que esta situación ocurrió con anterioridad y se le puso de manifiesto a la Conselleria y su respuesta fue que tenía falta de medios materiales y personales y, por tanto, justificaba el retraso "en el retraso que tenía a su vez a la hora de recibir los escritos del Síndic". No obstante, ha considerado que "el problema dejó de ser problema" con la llegada de la administración electrónica y, pese a ello, "lejos de arreglarse se viene agravando", ha recriminado.
En este sentido, ha avanzado que en lo que va de año hay "muchísimos expedientes" que se han resuelto "son informes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas".
