18 de abril de 2019
19 de enero de 2014

Los técnicos que se opusieron a aprobar las ayudas a la Fundación Cyes, protagonistas de la próxima semana

VALENCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe de área de la extinta Conselleria de Solidaridad Sergio Fernández, la exjefa de servicio Teresa Clemente, y el exsecretario de la comisión técnica de valoración José Manuel Fornás, técnicos que se opusieron a aprobar las ayudas otorgadas a la Fundación Cyes en la reunión de 31 de julio de 2008, declararán esta semana en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la primera pieza del 'caso Cooperación', en la que hay nueve acusados, entre ellos, el exconseller y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco.

En concreto, estos tres técnicos, que formaban parte de la comisión de valoración de los proyectos en la conselleria, están citados para declarar como testigos el jueves --Sergio Fernández-- y el viernes --Teresa Clemente y Manuel Fornás--.

Los tres pusieron objeciones a la aprobación, dentro de la convocatoria de grandes proyectos, de las subvenciones a la Fundación Cyes en 2008 por 1,6 millones de euros para dos trabajos en Nicaragua --de los que solo llegaron a su destino poco más de 43.000 euros, puesto que el resto se dedicó a la compra de cuatro inmuebles en Valencia--.

Como consecuencia, según se recoge en el sumario, el exconseller Rafael Blasco les convocó a una reunión, el 31 de julio de 2008, para pedirles explicaciones por el retraso en la aprobación. En la misma, Blasco, "encolerizado", llegó a dirigirse a los presentes, y en especial a la jefa de servicio, y les advirtió de que se iba a dedicar durante el periodo estival a revisar todos los expedientes cursados por ellos en orden a "buscar irregularidades".

Finalmente se llegaron a aprobar las subvenciones, y tras ello tanto el jefe de área como el secretario de la comisión cambiaron de destino, mientras que fue cesada la jefa del servicio. Como consecuencia, se incorporaron a la conselleria Marc Llinares --como jefe de área-- y Amparo Ortiz --jefa de servicio--.

Sobre esta reunión de julio, Rafael Blasco declaró en el juicio que no había presionado a nadie para aprobar las ayudas a la Fundación Cyes, y explicó que convocó a los trabajadores para solucionar el problema, "y no por decisión personal, sino porque el Gobierno valenciano dio unas directrices sobre la fecha tope para el trámite de las subvenciones".

CERCANOS A TAURONI

Junto a estos técnicos, la próxima semana --el martes, día 21-- también pasarán por el tribunal valenciano María Isabel Castillo, Alfonso Navarro Torres --administrador único de Arcmed, entidad a la que la Fundación Cyes facturó trabajos de asesoramiento-- y Joaquín Rafael Blasco --uno de los directivos de la Fundación Hemisferio--, relacionados todos con las fundaciones que presidía el empresario Augusto César Tauroni, único en prisión en esta causa.

Joaquín Blasco declaró en instrucción que no cometió ninguna irregularidad en su participación con las subvenciones y aclaró que no hinchó facturas en trabajos de asesoría para desviar fondos. Por su parte, Castillo y Navarro se acogieron a su derecho a no declarar.

Asimismo, el martes les tocará el turno a Arturo Tauroni, el hermano del considerado presunto cabecilla de la trama; a la ex jefa del servicio de Cooperación, Lola Escandell; y al responsable de la principal evaluadora externa que analizaba los proyectos de cooperación para la conselleria, Luis Fernando Castel.

Castel defendió en su declaración en instrucción que sus informes eran "correctos" y "no vinculantes" con la Administración. También aseguró que a los proyectos de la Fundación Cyes les puso la puntuación que les "tocaba", sin favorecer a nadie.

Las declaraciones de la próxima semana las cerrará otra evaluadora de los proyectos, Amparo Baixauli, quien comparecerá como testigo el viernes, a las 10.30 horas. En instrucción explicó, junto a la otra evaluadora Carmen Escrivá, que en los trabajos realizados para el Gobierno valenciano recibieron peticiones por parte de Llinares para que trataran "con cariño" algunos expedientes.