28 de mayo de 2020
16 de junio de 2014

Un total de 18 imputados recurren el auto que ponía fin a la instrucción de la pieza principal del caso

VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 personas imputadas en el 'caso Emarsa' han recurrido el auto del juez que ponía fin a la instrucción de la pieza principal, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora de Pinedo, que se ha cifrado finalmente en 23.766.765,50 euros. En esta pieza hay 25 procesados, entre ellos, el expresidente de la entidad, exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, y el exgerente, Esteban Cuesta.

Los procesados que han recurrido el auto, o bien en reforma o bien en apelación, son Enrique Crespo; Cristina Segarra, mujer del exgerente Esteban Cuesta; José Juan Morenilla, gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar) e Ignacio Bernácer, jefe de Explotaciones de la misma entidad; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.

Así mismo, han presentado un recurso los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua; Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet; Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; José Ramón Cuesta, hermano del exgerente; y el administrador de la mercantil Arrima Centre d'Estudis, Antonio José Arnal.

Además, en este proceso figuran también como procesados Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; María Paz García martínez, hermana de 'Chanín'; Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada; y el empresario fugado Jorge Roca.

El juez acuerda admitir a trámite los recursos de reforma interpuestos, que en total suman 16, frente a los dos de apelación, y da traslado de los mismos al ministerio fiscal y a las demás partes personadas para que puedan presentar escrito de alegaciones en el término de dos días.

LOS HECHOS

En el auto de procesamiento, el juez declaró probado que existía una red de empresas que durante al menos los años 2004 a 2010 actuó para intentar detraer de forma ilícita fondos públicos asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora de Pinedo por importe no inferior a 25.629.024,97 euros, de los que finalmente se lograron desviar 23.766.765,50 euros a través de una trama de compañías que facturaron a la empresa con precios hinchados por el tratamiento de los lodos --que llegaron a pasar de pagarse a 18 euros por tonelada por transporte, gestión y tratamiento a 46,5-- y por servicios que no se llegaron a realizar.

A juicio del juez, existen indicios "racionales suficientes" para considerar que entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010, el entonces presidente del consejo de administración y consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, presidente también de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y el gerente Esteban Cuesta, previo concierto con Morenilla y Bernácer y en unión del director financiero, valiéndose de su posición y ante los "cuantiosos fondos públicos" que recibía la empresa para obras de mantenimiento y mejora así como ingresos para la prestación de servicios, "diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito".

En este plan, según el juez, participaron personas de la dirección y otras más, muchas de ellas ajenas a la empresa pública, que adquirieron la condición de proveedores de Emarsa, "sin que mediara expediente de contratación o contrato alguno", en ocasiones. En otros momentos, se simularon expedientes de contratación de los trabajos "en los que se eludía la publicidad y se aparentaba, pero se evitaba, toda real concurrencia".