BRUSELAS, 11 Oct. (EUROPA PRESS) - La Comisión Europea lanzará mañana un ultimátum contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) al considerar que incumple la legislación comunitaria en materia de contratación pública. Bruselas dará al Gobierno valenciano un plazo final de dos meses para modificar esta ley, y en caso contrario amenaza con llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del expediente. Un portavoz del Ejecutivo comunitario confirmó que la LUV está en el orden del día de la reunión del colegio de comisarios de este jueves, aunque no quiso anticipar cuál será la decisión. El Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción contra la LUV el pasado 4 de abril alegando que la nueva ley, aprobada en diciembre de 2005 en sustitución de la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), "no parece remediar las posibilidades de infracción". El Gobierno valenciano ha tenido seis meses para presentar sus alegaciones al expediente, pero no ha logrado convencer a Bruselas, que seguirá adelante con un dictamen motivado, segunda fase de la infracción. La Comisión señala que la adjudicación de programas de actuación integrada (PAI) en el marco de la LUV constituye un contrato de obras públicas y debe cumplir por tanto la legislación comunitaria en materia de contratación pública así como los principios generales del Tratado. En la apertura de expediente el 4 de abril, el Ejecutivo comunitario indicó que algunos aspectos del procedimiento de selección de agentes urbanizadores previstos en la LUV "no cumplen las directivas de la UE en materia de contratación pública". Entre ellos, mencionó "el contenido de las propuestas para iniciar un PAI, la presentación y el contenido de las ofertas, la admisibilidad de variantes, los criterios de concesión y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado después de su adjudicación". La Comisión censuró además que las autoridades valencianas "no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, con la consiguiente violación de las disposiciones de las directivas de contratación pública de la UE". Otras posibilidades de infracción señaladas por Bruselas se refieren al contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los PAI, y a la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador.
