VALENCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV) cuestionó hoy "la utilidad" de los programas de ampliación del horario escolar el próximo curso 2009-2010 para clases de refuerzo aprobados por la Conselleria de Educación, ya que se trata de una medida para atender al fracaso escolar y al alumnado con necesidad de apoyo educativo "muy parcial y limitada, al no contar con dotación adicional de recursos, tanto humanos como económicos, ni tampoco garantizarse al menos su generalización al conjunto de la población escolar que lo precise".
En opinión del sindicato, es "criticable" que la propia normativa establezca que los centros participantes en este programa asumirán la realización del mismo con sus propio recursos. UGT estima que, dadas las "altas cifras de fracaso escolar de la Comunitat, este problema debería calar hondo en la Conselleria de Educación para localizar su origen y ponerle remedio con carácter urgente y prioritario".
Sería necesario, apuntaron, la creación de programas globales que tengan en cuenta las dimensiones sociales, familiares y educativas del alumnado, y, a la vez, dar importancia al trabajo social en el sistema educativo para adecuarse al cambio sufrido en la actual configuración de la población escolar, procedente de diversos países, culturas y situaciones, así como combatir el absentismo escolar, propusieron.
UGT apuesta por un "trabajo serio, prioritario y consensuado, no un plan parche, carente de financiación y, que, además, es la peor manifestación del carácter unilateral de las últimas acciones de la Administración educativa valenciana".
FETE exige además que, de igual forma que se resuelve la convocatoria prevista y se publican en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) los centros que van a implantar estos programas el próximo curso escolar, se resuelva el recurso administrativo que tiene planteado ante la Secretaría Autonómica de Educación contra dicha resolución.
UGT planteó este recurso administrativo, previo a la vía judicial, por tres motivos porque "su base legal no es la correcta" y el procedimiento seguido es "totalmente inadecuado e ilegal el procedimiento, ya que tratándose de condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza lo mínimo exigible hubiera sido su tratamiento con los agentes sociales afectados".
Por ello, la entidad espera una respuesta jurídica y motivada a su recurso por parte de la Secretaría Autonómica de Educación, que explique "por qué no se consultó a los representantes de los trabajadores para elaborar esta resolución, y por qué no se concretan tampoco en ella las obligaciones adicionales que tiene la Administración educativa en esta materia, y cómo se van a subsanar tales defectos y omisiones que pasan necesariamente por la anulación de la resolución".
