VALENCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT PV) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra las Ordenes de la Conselleia de Educación que regula la organización y el funcionamiento del Bachillerato por considerar "injustificado" el límite de alumnos mínimos establecido para poder impartir Tecnología.
El sindicato, que presentó el recurso en cumplimiento al compromiso que adquirió con el profesorado de Tecnología y de su Asociación Profesional (APTCV), considera que la orden vulnera la Ley Orgánica de Educación (LOE) que establece la oferta obligatoria de todas las materias de modalidad.
Asegura que la normativa impide, "de forma injustificada", que todos los centros oferten la modalidad de Ciencias y Tecnología y, además, no dejará que se implante esta modalidad si no hay un mínimo de 12 alumnos y aulas adecuadas para cursar las asignaturas de Tecnología Industrial I e II y Electrotecnia, que son las que conforman la rama tecnológica de esta modalidad.
La Orden establece un número mínimo de 12 alumnos para autorizar la docencia de Tecnología Industrial I y II, y de 10 alumnos en el caso de la asignatura de Electrotecnia. Este criterio, que no tiene apoyo legal ni en la LOE ni el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas del Bachillerato, dificulta que el alumnado pueda alcanzar los criterios establecidos por la Universidad, que establece las materias que ponderan para las nuevas PAU (selectivo) a partir del 2010, fijando que Tecnología II y Electrotecnia ponderarán con 0,2 para el alumnado que quiera cursar carreras de ingeniería y arquitectura.
CONTRADICCIÓN CON EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
De este modo, la orden de la Conselleria de Educación se encuentra "en abierta contradicción con la normativa y los criterios para el acceso a la Universidad, puesto que la limitación fijada en ella por Tecnología y Electrotecnia hace que en la práctica sea imposible para la mayoría de centros impartirlas", según el sindicato.
El sindicato considera que no se puede prestar un servicio público educativo de calidad si para la implantación y desarrollo de determinadas enseñanzas de carácter especializado, como es el caso del bachillerato científico-tecnológico, se exige tener un número mínimo de alumnos alto por grupo y se pide un excesivo número de requisitos técnicos y de instalaciones sin haber realizado previamente y a lo largo del tiempo las oportunas inversiones.
Cree que con esta norma no sólo se discrimina el alumnado que quiere cursar la opción del bachillerato científico-tecnológico y se incumple el espíritu de la LOE, sino que la aplicación de la misma tal y como está planteada, puede comportar también la pérdida de puestos de trabajo.
