VALENCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Abogados de Valencia ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante el "desinterés crónico" mostrado por la Subdelegación del Gobierno en Valencia para coordinar con la entidad colegial un Protocolo de Actuación jurídicamente vinculante que mejore la gestión en los expedientes de los ciudadanos extranjeros y que sea "respetuoso con la normativa vigente",
El ICAV explicó en un comunicado que ha decidido acudir "directamente" al Defensor del Pueblo por considerar que la postura "intransigente" de la Administración "está vulnerando bastantes derechos fundamentales de dichos extranjeros".
Para la Sección de Extranjería del ICAV, la tramitación de los expedientes de extranjeros "se está desarrollando mediante una aplicación abusiva e incoherente de la ley, en la que se revela una voluntad de contener a ultranza los flujos migratorios aunque éstos sigan los cauces legales, algo que contradice las declaraciones de los responsables ministeriales y el teórico empeño de evitar situaciones de ilegalidad que favorezcan abusos sobre las personas".
Los abogados del ICAV, que "llevan reclamando la colaboración de la Subdelegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana y, sobre todo, la suscripción de un Protocolo específico para ello desde el año 2000, sin resultados fructíferos", reivindican ante el Defensor del Pueblo "la modificación de un total de 21 supuestos de actuación de la Administración" que consideran "impresentables e intolerables". Estas reivindicaciones se incluyen en un listado remitido a la Subdelegación de Gobierno a principios de 2008, al que se respondió "de forma evasiva y con una contrapropuesta que claramente desnaturalizaba el planteamiento inicial vaciándolo de contenido", según el Colegio de Abogados.
Según la entidad, uno de los puntos principales de la queja formulada al Defensor del Pueblo radica en "la disparidad de criterios" entre las Subdelegaciones de Gobierno de Valencia, Castellón y Alicante, dependientes todas ellas de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, "lo que implica en la práctica un trato desigual de los extranjeros en función de la Administración actuante, con la consiguiente merma de sus derechos".
La institución colegial aseguró que lamenta "recurrir a esta vía porque supone evidenciar la desidia de la Administración en la búsqueda de soluciones" aunque subrayó que "la necesidad y la urgencia de introducir cambios en la gestión de estos procesos justifica una decisión drástica".
Por otra parte, el ICAV resaltó "la dedicación y profesionalidad de los funcionarios de la Oficina de Extranjeros de Valencia y los esfuerzos de sus directos responsables, especialmente con los escasos medios con los que cuentan, si bien existe un parco apoyo por parte de la Subdelegación y, por extensión, de la Delegación del Gobierno".
El ICAV afirmó haber mantenido "siempre una actitud dialogante con la Administración", si bien aseveró que ha visto "reiteradamente frustradas sus expectativas, ante el incumplimiento constante de las promesas que ha venido recibiendo". El Colegio de Abogados de Valencia mostró su confianza en que "con esta iniciativa, puedan remediarse las irregularidades detectadas".
