Piden que Bruselas controle el uso de los fondos europeos que destina a proyectos urbanísticos
BRUSELAS, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Representantes de diversas organizaciones vecinales de poblaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Madrid y País Vasco denunciaron hoy en el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea los abusos urbanísticos en España y pidieron medidas para frenar un ritmo de construcción que no permite la sostenibilidad de los núcleos urbanos.
Celebraron una jornada organizada por el grupo de Los Verdes en la Eurocámara, donde tuvieron la oportunidad de exponer sus denuncias a representantes de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y del Defensor del Pueblo de la UE.
En términos generales, aludieron a los distintos proyectos que están en marcha en sus municipios y que, una vez terminados, supondrán un notable aumento de la población sin que esto se acompañe con servicios apropiados para este crecimiento. Asimismo, se refirieron a los daños para el medio ambiente de este ritmo urbanizador.
En sus intervenciones ante representantes de la Comisión, algunos de ellos se preguntaron cómo es posible que Bruselas conceda fondos europeos para financiar unos proyectos que son insostenibles desde el punto de vista medioambiental y pidieron un mayor control por parte del Ejecutivo comunitario de estos recursos económicos.
Por otra parte, sus críticas se dirigieron principalmente contra los ayuntamientos, que tienen las competencias en urbanismo de cada municipio. A pesar de ello, consideraron que el respaldo de la UE a sus demandas supone un "apoyo moral".
El vicepresidente de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, el socialista británico Michael Cashman, participó también en la reunión con las asociaciones para hablar de la experiencia de un órgano que se encarga de estudiar las quejas de los ciudadanos de la UE y autora de un informe que denunció los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.
EXTENSIÓN DE LOS ABUSOS
Cashman se reafirmó en la vulneración que comete la Generalitat valenciana aún a día de hoy, puesto que aunque ya fue derogada la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) que fue objeto del informe de la Comisión de Peticiones, aseguró que su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), perpetúa aspectos declarados ilegales por el Parlamento Europeo y por la Comisión Europea.
Además de recordar el caso valenciano, Cashman observó "con preocupación" que "los abusos (urbanísticos en esta Comunidad) se extienden a otras regiones".
Jacqueline Cotterill explicó en calidad de representante de una plataforma que agrupa a distintas organizaciones en todo el país que vinieron a Bruselas para "hablar de las barbaridades del urbanismo en toda España", donde lamentó que "los ayuntamientos no escuchan a los ciudadanos, que tienen que ir a Europa para plantear temas de medio ambiente, agua o el cumplimiento de directivas".
En este sentido, confió en que el Parlamento Europeo "pueda hacer algo" y reclamó que "España es una parte de Europa, la UE ha dado mucho dinero para ayudar a crecer a la economía de España y tiene que controlar" cómo se gastan los fondos que concede a este país.
Por otra parte, Cotterill forma parte de la organización Vecinos de Parcent, en Alicante, que ha presentado una queja en la Eurocámara por la autorización para construir nuevos complejos en virtud de la ley valenciana ya derogada.
En la misma situación se encuentran vecinos de Orihuela y Granja de Rocamora, también en Alicante, que hoy denunciaron que "la LRAU sigue vigente" a través de la ley que la sucedió y apuntaron que "la Comisión de Peticiones va a seguir vigilando la actuación de la Comunidad Valenciana porque sigue estando en contra de la directiva de contratación pública y vulnera los derechos humanos", indicaron vecinos de estos dos municipios.
COSTA DEL SOL
Las reclamaciones de habitantes de la Costa del Sol --representada por organizaciones de Marbella, Almería y Campo de Gibraltar-- demandaron que "funcionen los controles y que se haga un urbanismo que responda a criterios de sostenibilidad". Advirtieron, asimismo, que "la mano blanda en urbanismo permite el asentamiento del crimen organizado y el blanqueo de capitales" y reclamaron jueces y fiscales de urbanismo que vayan a la raíz de las denuncias en este campo.
Las denuncias sobre el urbanismo que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid estuvieron representadas por Julio César Santiso, representante de Los Verdes, que se refirió a la situación en Pinto y Alcalá de Henares, donde los proyectos urbanísticos han multiplicado por diez la población en los últimos años y han causado daños en el medio ambiente.
Ricardo Díaz, representante de una agrupación de vecinos de Rascafría (Madrid), afirmó que no quieren que "el pueblo crezca de manera tan brutal" y pidió a la Comisión Europea un mayor control sobre los fondos comunitarios que destina a estos proyectos.
Otras organizaciones presentes en las reuniones de hoy fueron las de vecinos de Aljarafe y Alcalá de Guadaira (Sevilla); Telde, Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana y Mogán (Gran Canaria); Las Pedrizas (Málaga); Lozoya y Los Santos de la Humosa (Madrid); Mutriku (Guipúzcoa), Campo de Gibraltar (Cádiz); Mallorca, y Vinalopó (Alicante).
