ALICANTE, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El volumen de juego en la Comunitat Valenciana ascendió a un total de 3.017 millones de euros en 2012, lo que implica una disminución del 8,32 por ciento con respecto a 2011, según el informe anual correspondiente a ese ejercicio presentado al pleno del Consell.
Este informe recoge los datos estadísticos más significativos del ejercicio 2012 relativos a los juegos de suerte, envite o azar en el ámbito territorial de la Comunitat y aquellos de competencia estatal, con una incidencia significativa en el territorio de la Comunitat.
Como novedad, en este ejercicio se han incluido los datos referidos al sector del juego de las apuestas que fueron reguladas mediante el decreto 42/2011 del Consell, en el que se ha constatado una "notable aceptación" por parte de los ciudadanos.
En junio de 2012, la Conselleria de Hacienda y Administración Pública concedió las primeras autorizaciones para la organización y comercialización del juego de las apuestas en la Comunitat y, desde entonces, hay seis empresas autorizadas para explotar este juego.
En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente y portavoz, José Císcar, ha destacado el compromiso de la Generalitat de "colaborar con eficacia y celeridad" con el sector empresarial del juego mediante la agilización de los trámites y procedimientos administrativos de esta actividad para "garantizar un marco jurídico flexible y seguro para la actividad y desarrollo de un sector vinculado a unos 5.000 empleos en la Comunitat Valenciana".
En función del gestor, el informe se estructura en subsector privado, en el que encuadra casinos, bingos, apuestas y máquinas recreativas que gestionan empresas privadas; público, integrado por Lotería Nacional, Quiniela, el conjunto de la Primitiva integrado por el Euromillón, Lotería Primitiva, Joker, Bono-Loto, el Gordo de la Primitiva y las apuestas hípicas, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (LAE); y el subsector pseudopúblico, que corresponde a la ONCE, que como corporación de derecho público y de carácter social que puede gestionar determinadas modalidades de juego.
