BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha renunciado este martes por escrito ante el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona a los avales que se le reclamaban al expresidente del club Joan Laporta y a siete de sus directivos, que se ejecutarían en caso de que el mandato de Laporta diera deudas económicas, como ya avanzó el presidente, Josep Maria Bartomeu, en rueda de prensa tras una reunión extraordinaria de la Junta Directiva.
En un escrito enviado al juzgado por el procurador del club, el FC Barcelona renuncia a la ejecución de los avales, que afectarían a Laporta y siete de sus directivos, para "evitar los perjuicios que se pudieran irrogar a los ejecutados" en caso de que finalmente se considerara que "no tienen responsabilidad" por las pérdidas del mandato de Laporta.
Y es que la ejecución de estos avales va estrictamente ligada a la resolución de la acción social de responsabilidad sobre Laporta, que fue desestimada por el titular del Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona, José Manuel Martínez Borrego, al considerar que el mandatario cerró su mandato con 4 millones de euros de beneficios. No obstante, el club blaugrana anunció que recurrirá la sentencia a la Audiencia Provincial.
El Barça, actualmente, y como señala el escrito presentado este miércoles, "no dispone en estos momentos de ningún título de crédito frente a los ejecutados que pueda justificar la ejecución de la garantía cuya constitución se persigue en este procedimiento". De ahí que, como anunciara Bartomeu, renuncie a la ejecución de los avales.
"Renunciaremos a ellos porque queremos liberar a los directivos y a sus familias del sufrimiento que soportan todos estos años. Es una decisión justa", señaló el presidente en rueda de prensa, quien explicó que el club, como beneficiario de estos avales, puede renunciar a ellos y así lo hará.
En este sentido, cabe recordar que Joan Laporta y siete de sus directivos --Alfons Godall, Joan Boix, Rafael Yuste, Jaume Ferrer, Albert Perrín, Alfons Castro y Josep Cubells-- deberían avalar 23,2 millones de euros (2,9 millones por cabeza) ante la LFP por orden del juez Antonio Nuno de la Rosa, quien solicitó la ejecución de la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo, y a quien ahora el club ha pedido que no la ejecute.
